POLÍTICA AGROPECUARIA

Muy buena la teoría...

Luces y sombras del mega decreto de desburocratización del Estado, que deroga 19 leyes y modifica otras 140, con efectos aleatorios para analizar en detalle...
Susana Merlo


Con el objetivo de simplificar y reducir costos, el Gobierno arrancó el año con un DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia), el Nº 27/18, que deroga 19 leyes y modifica otras 140.

Más allá de haber apelado al criticado sistema que "saltea" al Congreso, nadie puede oponerse al objetivo central que teóricamente tiende a atacar una de las principales trabas del país: el alto costo argentino, y también a dar señales a los capitales externos (y por qué no, también internos) sobre sobre la eficiencia argentina.

De hecho, la norma cita específicamente lo siguiente:

* "Que los trámites existentes, con la implementación del expediente electrónico y el proceso de digitalización, deben reflejarse en términos de menores costos y plazos y, en consecuencia, en una mejor atención del ciudadano y en una mejora en la productividad de las empresas y de la economía.

* Que ese proceso debe estar acompañado por una revisión del funcionamiento de la burocracia estatal, que tenga por fin la eliminación de barreras regulatorias que atenten contra los principios constitucionales de libertad económica.

* Que las medidas de esa índole tienen como principal destinatario al ciudadano por tratarse del diseño de procesos que agilizan sus gestiones y evitan el dispendio de tiempo y costos, que desmejoran la calidad de vida y afectan el desarrollo de las actividades económicas.

* Que la simplificación implica y conlleva a una reducción de cargas innecesarias para el ciudadano."

Sin embargo, a poco de comenzar a desgranar la meganorma surge lo aleatorio e incompleto de la misma que en 192 artículos, contenidos en 22 capítulos, adopta 170 medidas puntuales que van desde la desregulación de las contrataciones del Estado, hasta la licitación de los puertos, o nuevas prácticas en materia de finanzas y transporte.

El objetivo central dice apuntar a la reestructuración de la Administración Pública y a la par "baja" a decisiones puntuales tales como autorizar los controvertidos y peligrosos "bitrenes" (megacamiones), o reemplazar los libros encuadernados de las sociedades, por libros digitales, autorización que también alcanza a las marcas (y señales), hasta otras de muy alto impacto como eliminar el Registro Industrial ya que, con mucha lógica, sostiene que la AFIP y el INDEC ya están cumpliendo con ese rol. La simplificación, llamativamente, no alcanza al sector agroindustrial que sigue sumando cantidad de inscripciones y gestiones superpuestas con esos mismos organismos, comenzando por la ex ONCCA que continúa funcionando en la cartera con rango de Secretaría de Estado, y mantiene una serie de registros (algunos superpuestos), mientras se siguen creando nuevos, como la reciente para operadores del mercado de granos en la CNV (Comisión Nacional de Valores) que agrega otro costo a ese negocio.

Aunque en la presentación se destacó que se buscaba "reducir los trámites para operar en el país", no se entiende muy bien cómo se lograría ese objetivo con la "liberación" de los bienes del Ejercito (miles de hectáreas en distintas partes del país, y más de 50.000 cabezas de hacienda). En realidad, la derogación de las 50-60 normativas del Senasa (que ya venía en esa línea mucho antes del megadecreto) es una de las pocas cosas concretas en la norma referidas al campo.

Se podría decir que dentro de una muy correcta definición general, la búsqueda de "reestructurar la Administración Pública", el planteo presenta un gran desorden, e incluye decisiones en niveles diametralmente distintos, además de inmensos baches que podrían incluir, en el caso de Agroindustria, por ejemplo, volver a las 3 Secretarías de Estado en lugar de las 5 que ostenta de fines de 2015; digitalizar la mayoría de las acciones que se mantienen "en papel" desde hace un siglo y medio; o evitar la cantidad de superposiciones con otras áreas del Gobierno (Comercio, Cancillería, Afip, Anses, etc.), entre otras muchas.

Tanto la "ventanilla única" para simplificar y unificar trámites (proyecto de hace 22 años), como la opción de generalizar el uso de internet en los lugares del país adonde llega esta tecnología (como se instauró hace 6 meses en los DTA, documentos de autorización de tránsito), significarían un ahorro importante de tiempo y costos para las empresas radicadas lejos de los grandes centros urbanos.

Y lo más interesante sería que los propios organismos oficiales y bancos fueran los primeros en adoptar estas medidas (muchas disponibles) lo antes posible para mostrar que "sí, se puede"...