El debate por el nuevo marco regulatorio de los biocombustibles volvió a quedar en suspenso en el Senado, aunque el proyecto oficialista mantiene sobre la mesa una propuesta que eleva los cortes obligatorios de biodiésel y bioetanol, incorpora un mercado electrónico para la comercialización y establece nuevos precios de referencia.

Por tercera vez, el plenario de las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda pasó a cuarto intermedio sin emitir dictamen. La próxima reunión fue convocada para el miércoles, con el objetivo de avanzar finalmente en la firma del dictamen. El tratamiento se produce luego de un año de reuniones y de la presentación de proyectos de distintos bloques. En ese proceso, los sectores involucrados expusieron sus posiciones y se fueron delineando algunos puntos de coincidencia, entre ellos aumentar los cortes, abrir el mercado y establecer precios de referencia.

Más biodiésel y bioetanol

Uno de los principales cambios que plantea la propuesta es el incremento de los porcentajes de mezcla obligatoria. El corte mínimo de biodiésel en el gasoil pasaría del 7,5% al 10%, mientras que el de bioetanol en las naftas subiría del 12% al 15%. En ambos casos, el aumento comenzaría a regir a los 12 meses de sancionada la ley. Para el bioetanol, el proyecto mantiene una participación del 6% para la caña de azúcar y 6% para el maíz, mientras que el porcentaje restante quedaría sin restricción de materia prima. El esquema refleja el acuerdo alcanzado entre ambas cadenas productivas después de años de disputa por la distribución del corte.

El corte mínimo de biodiésel en el gasoil pasaría del 7,5% al 10%, mientras que el de bioetanol en las naftas subiría del 12% al 15%.

Un mercado electrónico para los biocombustibles

La iniciativa propone modificar el mecanismo de comercialización. El cumplimiento mensual del corte obligatorio se realizaría mediante un sistema de subastas en un mercado electrónico único, transparente y de acceso público, operado por un organismo independiente. El esquema permitiría que elaboradores y mezcladores oferten precio y volumen, además de habilitar contratos a término de libre negociación. El proyecto también reemplaza el sistema de precios máximos por precios de referencia calculados en función de la paridad de importación, es decir, tomando como referencia el costo de sustituir la producción local por un producto importado equivalente. El precio de mercado sería libre y, si supera esa referencia, podría activarse un mecanismo de excepción que habilite importaciones.

El cumplimiento mensual del corte obligatorio se realizaría mediante un sistema de subastas en un mercado electrónico único, transparente y de acceso público, operado por un organismo independiente

Límites para evitar la concentración

Otro de los ejes de la propuesta apunta a evitar una excesiva concentración del mercado. En bioetanol, ninguna empresa elaboradora podría superar el 20% del volumen anual comercializado dentro del corte obligatorio. Para el biodiésel, el límite por empresa y grupo económico sería del 14% en el segmento de compañías no integradas. Además, la autoridad de aplicación podría solicitar la intervención del organismo de defensa de la competencia ante posibles prácticas prohibidas.

Biodiésel: una transición hasta 2031

El proyecto establece un período de transición para el mercado de biodiésel que se extendería hasta el 31 de diciembre de 2031. Durante ese período se modificaría progresivamente la distribución del corte obligatorio. La participación reservada a las empresas no integradas bajaría del esquema actual hasta 6,5% cuando entre en vigencia el corte del 10%, 5,5% en 2029, 5% en 2030 y 3% en 2031. En paralelo, crecería la porción de negociación libre, que pasaría del 3,5% al 7% durante el mismo período. La propuesta también incorpora el co-procesamiento de materias primas no fósiles en refinerías, con topes anuales de entre 0,5% y 2%, que podrían computarse a cuenta del corte obligatorio hasta un máximo del 3%.

El agro, en el centro del nuevo esquema

Para el sector agropecuario, la discusión tiene especial relevancia porque el aumento de los cortes impacta directamente sobre las cadenas de maíz, soja y caña de azúcar, además de la industria de transformación de estas materias primas. Desde Fundación Barbechando señalaron que Argentina cuenta con la materia prima, la industria instalada y capacidad productiva, pero que el sector necesita previsibilidad regulatoria de largo plazo para concretar nuevas inversiones. La organización también plantea que una mayor utilización de biocombustibles no constituye solamente una política ambiental o industrial, sino que puede funcionar como una herramienta de sustitución de importaciones de combustibles fósiles, con impacto sobre el ahorro de divisas y las economías regionales.

Un debate que vuelve a quedar abierto

La reunión del miércoles 26 de agosto incorporó además un séptimo proyecto, impulsado por un senador del justicialismo, que propone crear un Régimen de Promoción Federal para la Producción de Biocombustibles. La incorporación generó nuevas diferencias entre los bloques. Mientras desde el peronismo opositor reclamaron tiempo para analizar el expediente, desde el oficialismo hubo pedidos para acelerar la firma del dictamen. Finalmente, el plenario pasó nuevamente a cuarto intermedio.

La jornada también estuvo marcada por un cambio en la conducción de la Comisión de Minería, Energía y Combustibles: Flavio Fama dejó la presidencia y fue reemplazado por Flavia Royon, exsecretaria de Energía de la Nación y autora de uno de los proyectos que se encuentran en discusión. El próximo miércoles será una nueva instancia para intentar destrabar el debate. Después de tres jornadas, seis proyectos y un nuevo expediente sobre la mesa, el sector de los biocombustibles espera que el Congreso avance hacia un marco regulatorio que permita definir los niveles de corte, las reglas de comercialización y las condiciones para las inversiones futuras.