La Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados comenzó a analizar las propuestas presentadas por Javier Sánchez Wrba, del PRO, y Agustina Propato, de Unión por la Patria. Ambos textos plantearon recuperar superficies actualmente improductivas mediante permisos sujetos a condiciones específicas.

Los proyectos propusieron autorizar la siembra, el cultivo y la cosecha en espacios linderos a las calzadas. El aprovechamiento se realizaría a través de autorizaciones precarias y onerosas, con controles y límites definidos.

La modificación no alcanzaría a las banquinas ni a las zonas destinadas a resguardar la circulación. También deberían preservarse las condiciones necesarias para conservar y mantener los caminos.

La práctica había sido habitual durante varios años, hasta que una resolución dictada en 2008 dejó sin efecto el régimen que permitía conceder esas autorizaciones. Desde entonces, rige una prohibición para desarrollar actividades agrícolas en esos sectores.

El cálculo detrás de la propuesta

Una estimación incorporada a uno de los expedientes tomó como referencia la posibilidad de disponer de aproximadamente dos hectáreas adicionales por cada kilómetro lineal ubicado en regiones productivas. Considerando que la Red Vial Nacional cuenta con aproximadamente 40.000 kilómetros, los impulsores calcularon que podrían incorporarse alrededor de 50.000 hectáreas a los cultivos anuales.

El antecedente más destacado se encuentra en la provincia de Buenos Aires, donde la Ley 10.342, sancionada en 1985, habilita a los municipios a conceder permisos precarios sobre las franjas contiguas a rutas y caminos provinciales. Además, algunas localidades ya avanzaron con este modelo mediante regulaciones provinciales y ordenanzas propias, entre las experiencias mencionadas aparece el municipio bonaerense de 9 de Julio.

Prioridad para los productores frentistas

El texto impulsado por Sánchez Wrba estableció que quienes posean establecimientos frente a esas superficies tendrían prioridad para acceder a las autorizaciones. Sin embargo, esos mismos productores deberían abonar un canon por utilizar terrenos que pertenecen al dominio público.

Una de las principales diferencias entre las iniciativas radica en el destino de lo recaudado. La propuesta del PRO previó asignar los recursos al mantenimiento de la red nacional, mientras que la presentada por Unión por la Patria les otorgó una finalidad social y cooperativa.

El comienzo de la discusión parlamentaria abrió la posibilidad de recuperar tierras sin actividad y, al mismo tiempo, obtener fondos mediante su explotación regulada. El desafío será compatibilizar ese objetivo con las necesidades del sistema vial, ya que ambos proyectos consideraron que esa convivencia es posible, siempre que existan controles, una delimitación precisa de las áreas habilitadas y garantías para no comprometer la circulación.