El Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) reclamó que el proyecto sea tratado con rapidez para convertir las prácticas ambientales del sector productivo en una nueva fuente de divisas. Según las estimaciones técnicas difundidas por la entidad, contar con reglas claras permitiría captar entre USD 1.400 millones y USD 3.900 millones anuales.

La organización celebró el avance alcanzado en comisión por las propuestas que buscan crear un Marco Regulatorio del Mercado de Carbono. Desde el CAA consideraron que la regulación brindaría previsibilidad, seguridad jurídica y mejores condiciones competitivas. También permitiría reconocer económicamente los activos ambientales generados en el país y facilitar el acceso del agro a fuentes internacionales de financiamiento climático.

Entre los puntos centrales del proyecto aparece el reconocimiento de la propiedad de los créditos en favor de los titulares de cada iniciativa. La propuesta también respeta el dominio originario de los recursos naturales y los principios del federalismo ambiental.

Los Aportes de Mitigación destinados a los circuitos voluntarios podrían comercializarse libremente, sin autorizaciones administrativas previas. Para el Consejo, este esquema evitaría trabas burocráticas que actualmente dificultan el desarrollo de la actividad.

Además, la normativa contempla estabilidad fiscal durante diez años, exención de derechos de exportación y la creación del Registro Nacional de Reducciones y Remociones de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero, denominado ReNaRe. Ese registro funcionaría de manera gratuita y declarativa, ya que su objetivo sería impedir la doble contabilización de las reducciones de emisiones, pero sin transformarse en una barrera para las operaciones.

Más proyectos y mejores cotizaciones

La Argentina cuenta actualmente con más de 40 iniciativas en ejecución, concentradas casi exclusivamente en ámbitos voluntarios, la aprobación de la ley y su vinculación con sistemas regulados internacionales podrían duplicar esa cantidad en el corto plazo. El acceso a mecanismos como el Artículo 6 del Acuerdo de París y el programa CORSIA, correspondiente a la aviación comercial, abriría la posibilidad de alcanzar cotizaciones por tonelada de dióxido de carbono hasta tres veces superiores a las actuales.

A ese potencial se sumaría la llegada de más de USD 2.000 millones en inversiones territoriales directas durante el mediano plazo. Esos recursos podrían destinarse al manejo sustentable de suelos, la ganadería regenerativa, la actividad forestal, la bioenergía y la producción de biocarbón.

El CAA también señaló que el marco legal deberá complementarse con la presentación de la NDC 3.0 de la Argentina ante las Naciones Unidas, es decir, la actualización de los compromisos climáticos asumidos por el país para reducir emisiones y adaptarse al cambio climático. A esto se sumaría la consolidación del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero, necesario para respaldar técnicamente las certificaciones locales.

En este contexto, el presidente del Consejo Agroindustrial Argentino, Gustavo Idígoras, remarcó: "La agroindustria argentina reúne condiciones diferenciales únicas mediante el manejo de suelos, la ganadería regenerativa, la actividad forestal, la bioenergía y el biocarbón". Y concluyó: "Pero para transformar esa ventaja competitiva en inversión y empleo genuino necesitamos previsibilidad e institucionalidad legal de manera prioritaria".