El Consejo Directivo Central de la Federación Agraria Argentina (FAA) reclamó que cualquier actualización normativa preserve las herramientas que respaldan a pequeños y medianos productores, las economías regionales y los recursos estratégicos del país. Aunque respaldó la búsqueda de un Estado más eficiente y con menor burocracia, pidió que las modificaciones se discutan con responsabilidad y amplia participación.

La organización expresó su mayor preocupación por la posible eliminación de los topes para la compra de territorio argentino por parte de extranjeros. A su entender, la discusión no gira en torno a la propiedad privada (ya garantizada por la Constitución Nacional y el Código Civil), sino al control de bienes esenciales como el suelo y el agua.

FAA aclaró que no se opone al ingreso de capitales que generen producción, empleo, arraigo y desarrollo. Sin embargo, diferenció esas inversiones de una transferencia sin límites ni mecanismos de fiscalización y consideró indispensable mantener al Estado como autoridad de control, tal como ocurre en países como Estados Unidos.

Arrendamientos e instituciones estratégicas

Respecto de la Ley de Arrendamientos Rurales, reconoció que la regulación necesita incorporar nuevas modalidades contractuales, mayor flexibilidad, buenas prácticas agrícolas y medidas para conservar los suelos. No obstante, rechazó su derogación y propuso una reforma integral que mantenga un marco de equilibrio entre propietarios, arrendatarios y quienes trabajan sobre campos alquilados.

La conducción federada también defendió al Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Destacó su aporte a la apertura de mercados, la investigación, la capacitación y la articulación público-privada, además de remarcar que funciona sin demandar fondos del Tesoro Nacional. Por eso, advirtió que recortar su financiamiento o suprimirlo debilitaría la competitividad ganadera.

En la misma línea, sostuvo la continuidad de la Corporación Vitivinícola Argentina, que durante más de dos décadas impulsó la innovación, el agregado de valor, la promoción comercial y la inserción internacional. Según planteó, desarmar ese esquema afectaría a miles de productores y a numerosas economías regionales en un escenario mundial cada vez más exigente.

El cooperativismo, bajo presión

Otro de los puntos rechazados fue la posibilidad de gravar los excedentes de las cooperativas como si fueran ganancias empresariales. La entidad recordó que estas organizaciones no persiguen fines de lucro, ya cuentan con un régimen tributario específico y cumplen un papel central en la prestación de servicios, la generación de empleo y el sostenimiento de cientos de pueblos.

En el comunicado la entidad añadió: "Las cooperativas ya realizan aportes mediante un régimen tributario específico, por lo que incrementar su carga impositiva afectaría directamente su capacidad para seguir acompañando a sus asociados y sosteniendo el entramado económico y social del interior".

Semillas y derecho al uso propio

Finalmente, ante el debate sobre la propiedad intelectual en semillas, ratificó que UPOV 78 continúa siendo el marco más adecuado para la Argentina, aunque admitió que una nueva ley debería incorporar mejoras. También defendió el derecho del agricultor a guardar una parte de su cosecha para volver a sembrarla.

La organización sostuvo que el desafío consiste en equilibrar los incentivos a la investigación biotecnológica con la protección de quienes producen. En ese sentido, advirtió que un esquema desequilibrado podría dejar al sector sujeto a posiciones dominantes o a patentes perpetuas, y pidió a los legisladores fortalecer las normas e instituciones que funcionan en lugar de eliminarlas.

Como cierre, Federación Agraria sintetizó su posición frente al paquete de iniciativas y dejó un mensaje dirigido a los legisladores: "Por ello, ratificamos la defensa de las herramientas que protegen la producción, la soberanía y el desarrollo del interior". Con esa definición, la entidad insistió en que modernizar el marco institucional no debería implicar desarmar los mecanismos que resguardan a los productores y a los recursos estratégicos del país.