La ANPYN fija nuevas exigencias ambientales para puertos y vías navegables
La Resolución 64/2026 crea un procedimiento que clasifica los proyectos según su impacto ambiental y establece requisitos diferenciados para obras portuarias, dragados y operaciones en vías navegables.
La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) aprobó un nuevo procedimiento de evaluación, gestión y control ambiental para las obras y actividades que se desarrollen en los puertos, sus canales de acceso y las vías navegables bajo su jurisdicción. La medida quedó formalizada mediante la Resolución 64/2026, publicada en el Boletín Oficial el 2 de noviembre, y establece un esquema de exigencias diferenciadas de acuerdo con la incidencia ambiental de cada proyecto.
La normativa alcanza a iniciativas públicas y privadas que puedan generar impactos sobre los puertos, los frentes costeros, los canales de acceso, las áreas protegidas cercanas y los entornos urbanos vinculados. Entre las actividades contempladas se encuentran las obras de infraestructura, las operaciones logísticas, el almacenamiento y la manipulación de cargas, los servicios portuarios y las tareas de dragado. Uno de los aspectos centrales de la resolución es la incorporación de tres categorías de incidencia ambiental: baja, moderada y alta. A partir de esa clasificación, la autoridad determinará qué documentación deberá presentar cada titular y qué tipo de evaluación será necesaria antes de avanzar con una obra o actividad.
Un sistema de puntuación para clasificar los proyectos
Establece un Sistema Polinómico de Puntuación de Incidencia Ambiental diseñado para realizar una categorización preliminar de las actividades. La herramienta considera cinco grandes dimensiones: el tipo de obra o actividad; su magnitud y escala; la localización y sensibilidad ambiental del entorno; el grado de intervención física y las características de los materiales gestionados; y los riesgos operativos y ambientales, incluidos los impactos acumulativos o sinérgicos. De acuerdo con el puntaje obtenido, las actividades se encuadrarán en alguna de las siguientes categorías:
· Baja incidencia ambiental: de 0 a 21 puntos.
· Moderada incidencia ambiental: de 22 a 41 puntos.
· Alta incidencia ambiental: 42 puntos o más.
La puntuación funciona como una herramienta orientativa. La ANPYN conserva la facultad de modificar fundadamente la categoría cuando las características particulares del proyecto o la sensibilidad ambiental del lugar así lo justifiquen. También podrá solicitar información adicional para determinar el encuadre correspondiente.
Dragados, ampliaciones y mantenimiento: qué actividades contempla
Los anexos detallan distintos tipos de intervenciones y permiten identificar qué proyectos podrían quedar sujetos a evaluaciones más exigentes. Dentro de las actividades consideradas de alta incidencia aparecen la construcción de nuevos muelles y escolleras, los rellenos costeros, las modificaciones permanentes de la ribera, las ampliaciones estructurales significativas de terminales y la instalación de infraestructura para manipular o almacenar sustancias peligrosas. También se incluyen el dragado destinado a abrir nuevos canales de navegación y las tareas de profundización o ensanche que modifiquen significativamente la morfología del fondo, del espejo de agua o de los canales de acceso. Los aumentos sustanciales de capacidad operativa que impliquen mayor tránsito pesado o emisiones también pueden quedar comprendidos en esta categoría. En el nivel de incidencia moderada se contemplan, entre otras actividades, la instalación o el reemplazo de equipamiento portuario de gran escala sin ampliación estructural, la construcción de espigones y obras de encauzamiento, la instalación de tanques de combustibles, hidrocarburos o productos químicos, los depósitos logísticos y las ampliaciones operativas que no impliquen un incremento sustancial en el manejo de sustancias peligrosas. En cambio, el mantenimiento operativo rutinario puede encuadrarse como de baja incidencia cuando no implique modificaciones estructurales, ampliaciones de capacidad, alteraciones del lecho acuático ni impactos ambientales significativos. En este grupo aparecen tareas de pintura, reparaciones superficiales, reposición de defensas y pilotes, inspecciones y limpieza superficial sin remoción de sedimentos. La clasificación no depende únicamente del nombre de la tarea: también se consideran su escala, ubicación, materiales involucrados y riesgos asociados.
En el nivel de incidencia moderada se contemplan, entre otras actividades, la instalación o el reemplazo de equipamiento portuario de gran escala sin ampliación estructural, la construcción de espigones y obras de encauzamiento, la instalación de tanques de combustibles, hidrocarburos o productos químicos, los depósitos logísticos y las ampliaciones operativas que no impliquen un incremento sustancial en el manejo de sustancias peligrosas.
Declaraciones juradas y plazos según la categoría
Además, incorporan los modelos de declaraciones juradas que deberán presentar los titulares de proyectos, según se trate de actividades en puertos o en vías navegables. A través de esos formularios, la autoridad recopilará información sobre las características de las obras, superficies involucradas, volúmenes de dragado, destino de los sedimentos, emisiones, riesgos y cercanía con áreas ambientalmente sensibles. Para las actividades de baja incidencia se incorpora un mecanismo simplificado mediante el Anexo III, denominado Declaración Jurada de Inexistencia de Impactos Ambientales Significativos. Una vez presentada la documentación, la Gerencia de Coordinación Técnica de la ANPYN deberá formalizar la categorización mediante una Disposición de Inicio dentro de los diez días hábiles. Si solicita información adicional, el plazo comenzará a computarse desde la recepción de esos datos. Para los proyectos de alta incidencia, el estudio deberá incluir una descripción detallada del área de influencia, una línea de base ambiental y la identificación de impactos directos, indirectos, acumulativos y sinérgicos. También deberá contemplar análisis de riesgos, medidas de mitigación, planes de monitoreo y gestión ambiental y estudios técnicos específicos cuando correspondan.
Participación ciudadana y certificados ambientales
El procedimiento incorpora mecanismos de participación ciudadana, especialmente para las actividades de alta incidencia ambiental. En esos casos, se prevé un período mínimo de 30 días corridos para recibir opiniones y observaciones a través del portal de acceso a la información pública ambiental. La convocatoria también deberá difundirse mediante edictos en el Boletín Oficial y en dos diarios de circulación nacional y local, con los costos a cargo del titular del proyecto. La participación será gratuita y podrá intervenir cualquier persona física o jurídica, sin necesidad de acreditar un interés legítimo ni contar con patrocinio letrado. Las opiniones recibidas no tendrán carácter vinculante, pero deberán ser consideradas en los informes técnicos que fundamenten la decisión de la autoridad. Cuando el proyecto obtenga aprobación ambiental, la ANPYN emitirá una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y el correspondiente Certificado de Aptitud Ambiental (CAA), que habilitará su ejecución u operación bajo las condiciones establecidas. La vigencia del certificado variará según la categoría: dos años para actividades de alta incidencia, cuatro años para las moderadas y seis años para las de baja incidencia. Su validez estará sujeta al cumplimiento de las obligaciones y medidas ambientales fijadas por la autoridad.
Qué ocurre con las actividades que ya están en funcionamiento
La resolución también establece un tratamiento específico para las obras y actividades preexistentes, permanentes o recurrentes que ya cuenten con estudios ambientales favorables, evaluaciones aprobadas o Planes de Monitoreo y Gestión Ambiental autorizados por la autoridad competente. En esos casos, no será necesario iniciar una nueva Evaluación de Impacto Ambiental, salvo que se produzcan modificaciones sustanciales en la naturaleza, magnitud o localización de la actividad. Sin embargo, los titulares deberán adecuar y actualizar sus Planes de Monitoreo y Gestión Ambiental (PMyGA) a las nuevas disposiciones dentro de un plazo máximo de un año desde la entrada en vigencia de la resolución. El incumplimiento podrá impedir la renovación del Certificado de Aptitud Ambiental y dar lugar a medidas de fiscalización y sanción. Además, cualquier modificación sustancial de un proyecto deberá ser informada a la ANPYN, que podrá requerir una nueva evaluación, ampliar los estudios existentes o establecer condiciones adicionales.
El incumplimiento podrá impedir la renovación del Certificado de Aptitud Ambiental y dar lugar a medidas de fiscalización y sanción.
Facultades de control y alcance de la normativa
La ANPYN tendrá a su cargo la evaluación de las presentaciones, la determinación de las categorías, la emisión de las declaraciones de impacto ambiental y los certificados, además de las tareas de fiscalización y seguimiento. El régimen prevé que la autoridad pueda suspender o clausurar actividades y ampliaciones iniciadas sin la correspondiente aprobación ambiental o que incumplan las condiciones establecidas. También contempla la posibilidad de ordenar el cese de obras y otras medidas a cargo del responsable. La Resolución 64/2026 entra en vigencia desde su publicación en el Boletín Oficial para los puertos y vías navegables que se encuentren bajo administración de la ANPYN. La agencia podrá extender progresivamente el procedimiento a los restantes puertos y vías navegables bajo su jurisdicción mediante nuevas disposiciones.
Una norma que incorporó observaciones de la consulta pública
En los considerandos, la ANPYN señala que el procedimiento fue elaborado a partir de antecedentes técnicos y de la experiencia de gestión ambiental en el Puerto Nuevo de Buenos Aires y la Vía Navegable Troncal. El proyecto fue sometido a un mecanismo de elaboración participativa de normas, convocado mediante la Resolución 57/2026. El período de recepción de propuestas finalizó el 9 de octubre de 2026 y, según los fundamentos de la norma, se registraron 50 presentaciones. Entre los cambios incorporados se menciona la inclusión de la generación de energía renovable como parámetro dentro del sistema de puntuación, a partir de una propuesta recibida durante la consulta. También se aceptó la posibilidad de otorgar prórrogas para la elaboración de estudios de impacto ambiental en actividades de incidencia moderada y alta, de acuerdo con la complejidad de cada proyecto. La resolución incorporó, además, una referencia expresa a los tratados y acuerdos internacionales vigentes para la Argentina, especialmente para aquellas obras o actividades que puedan generar impactos ambientales transfronterizos.

