La reforma prevista para enero de 2027 abrió fuertes cuestionamientos por su posible impacto sobre los entes regionales, la cobertura territorial y el acceso de los pequeños productores a las campañas contra la fiebre aftosa y la brucelosis bovina. Durante la reunión realizada el 3 de agosto, representantes públicos y privados analizaron la normativa que incorpora, en paralelo a las estructuras actuales, una mayor participación de médicos veterinarios independientes sin vínculo con las organizaciones locales.

Luego de un extenso intercambio técnico, la Comisión resolvió solicitar la adecuación de las disposiciones a la Ley Nacional 24.305, reconsiderar la derogación de la Resolución 368/2011 y consensuar cualquier modificación con todos los organismos involucrados. El ministro de Desarrollo Agrario provincial, Javier Rodríguez, sostuvo que durante el debate no se ofrecieron fundamentos que permitieran demostrar beneficios epidemiológicos derivados de la medida.

En esta línea, Rodríguez, afirmó: "La verdad que acá no se ha expresado ninguna ventaja en términos sanitarios de la Resolución 201. Nadie ha dicho que en función de esto el sistema va a mejorar". Esa posición también quedó asentada en el acta, donde se identificaron como principales preocupaciones el eventual debilitamiento de las entidades existentes, la atención de los establecimientos con pocos animales y las consecuencias sobre el alcance de las inmunizaciones.

El riesgo para las escalas más chicas

Uno de los puntos más expuestos a esta modificación fue la posibilidad de que la contratación individual favorezca la atención de rodeos numerosos y vuelva menos conveniente el traslado hacia explotaciones pequeñas. En ese sentido, Rodriguez explicó que "un veterinario, un profesional independiente, cuando tiene que definir el costo, va a tener mayores dificultades para ir a un productor donde tiene que vacunar a cinco animales que cuando tiene que vacunar a cien".

El funcionario también alertó sobre una eventual pérdida del principio solidario que permite sostener la cobertura en todo el territorio. Y advirtió: "Lo que podemos prever es muy complicado: va a pasar con muchos de los productores que tienen escalas más reducidas y que el veterinario no va a ir".

A ello se sumó la inquietud por el equilibrio económico y operativo de las fundaciones. Según se planteó, si los establecimientos grandes migraran hacia modalidades particulares y los más chicos permanecieran dentro de las estructuras colectivas, su sostenibilidad podría verse comprometida.

Exigieron precisiones y una prórroga

En cuanto a la falta de definiciones operativas, el titular de la cartera agraria, expresó: "Hoy tenemos en una fecha muy pronta un cambio enorme que atenta, que deteriora el sistema. Todavía no tenemos un montón de información y creo que, la verdad, que encima hacerlo de manera poco organizada va a ser todavía peor".

Rodríguez pidió evitar que una decisión sobre los próximos pasos llegue sobre el cierre del año. Al respecto "No podemos esperar hasta el 21 de diciembre para que el 31 de diciembre digan ‘se prorroga un año' o lo que sea", expresó ante la proximidad de las siguientes campañas.

La propuesta aprobada no implicó una oposición general a la intervención de profesionales particulares, sino un llamado a evaluar integralmente la normativa. Además, planteó mantener vigente la Resolución 368/2011 y aplazar las modificaciones programadas para el 1° de enero hasta lograr el consenso necesario.

La moción recibió el respaldo del Ministerio de Desarrollo Agrario, el Colegio de Veterinarios bonaerense, Federación Agraria Argentina, CARBAP, las Regiones Sanitarias N.º 1, 2, 3 y 4, y CONINAGRO. El organismo nacional se abstuvo por ser el destinatario del reclamo. Tras la votación, las partes acordaron impulsar un cronograma conjunto y conformar un espacio específico para estudiar la implementación y elaborar alternativas.