La pelea por la tierra llegó al Congreso: economías regionales exigen derogar el DNU 70/23

Representantes de la agricultura familiar, organizaciones campesinas, pueblos originarios y pesca artesanal advirtieron sobre el impacto de las políticas nacionales en el acceso a la tierra, el financiamiento y el consumo.

7 de Octubre de 2026

Representantes de organizaciones de la agricultura familiar, campesina e indígena y de la pesca artesanal reclamaron en la Cámara de Diputados la derogación urgente del DNU 70/23, al considerar que sus disposiciones y las modificaciones impulsadas sobre tierras rurales, desalojos y propiedad generan un escenario de creciente incertidumbre para las economías regionales. El planteo se realizó durante una reunión informativa de la Comisión de Economías y Desarrollo Regional, presidida por el diputado formoseño Luis Basterra (Unión por la Patria). 

La pelea por la tierra llegó al Congreso: economías regionales exigen derogar el DNU 70/23

El encuentro no pudo avanzar sobre los tres proyectos que estaban previstos debido a que la comisión no reunió el quórum reglamentario al inicio. Basterra cuestionó la ausencia de legisladores y sostuvo que la comisión tenía como objetivo escuchar a quienes producen en los territorios. "No estamos por definir la deuda externa, sino hablar de la situación de miles de familias que constituyen la red más importante que tiene la agricultura y producción agropecuaria del país", afirmó. Para el diputado, la ausencia de legisladores significó perder "una oportunidad de escuchar a los actores del territorio", a quienes definió como representantes del "verdadero y genuino federalismo".

Reclaman que los productores sean dueños del valor ambiental de sus campos

Reclamo por la tierra y rechazo a la extranjerización

Durante la reunión, representantes del Consejo Nacional de la Agricultura Familiar Campesina, Indígena y Pesca Artesanal plantearon que la defensa de la tierra, el territorio y los medios de producción atraviesa una situación de urgencia. En un documento presentado ante los legisladores, expresaron su preocupación por políticas que, según señalaron, afectan "gravemente el acceso, la permanencia y la defensa de la tierra, el territorio, el agua y los medios de vida" de comunidades indígenas, criollas, pescadoras y de la economía familiar. El eje central del reclamo fue la derogación del DNU 70/23. "Entendemos que no se puede legislar sobre la tierra, el territorio y los recursos naturales desconociendo la realidad de quienes producen, trabajan, habitan y cuidan dichos territorios. Es por ello que exigimos la derogación del decreto 70/23 de manera urgente", plantearon. Las organizaciones advirtieron además que la discusión excede la cuestión estrictamente jurídica sobre la propiedad. A su entender, está en juego el modelo de ocupación y utilización del territorio y la posibilidad de que las tierras rurales queden sometidas a procesos de mayor concentración. "No a la extranjerización, no a la concentración de la tierra", fue una de las consignas expresadas durante el encuentro. También cuestionaron la posibilidad de avanzar con mecanismos de desalojo considerados "exprés" y remarcaron que las decisiones vinculadas con tierras indígenas requieren contemplar las particularidades de esos territorios. Otro de los reclamos estuvo dirigido al río Paraná, cuya función -según las organizaciones- no debería limitarse a ser una vía de salida de la producción hacia los puertos. En ese marco, solicitaron al Congreso que cualquier modificación relacionada con tierras rurales, propiedad, desalojos, expropiaciones, agua, pesca y recursos naturales sea discutida con participación de las comunidades y productores que habitan y trabajan en esos territorios.

"No a la extranjerización, no a la concentración de la tierra", fue una de las consignas expresadas durante el encuentro.

Críticas a la falta de políticas para la agricultura familiar

El subsecretario de Desarrollo Agrario y Calidad Agroalimentaria del Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense, Cristian Amarilla, describió como "sumamente preocupante" la situación de la agricultura familiar en la provincia de Buenos Aires. El funcionario vinculó la situación del sector con la evolución de los ingresos y el consumo interno. Según explicó, la política económica nacional, combinada con despidos y una pérdida del poder adquisitivo de salarios y jubilaciones, impacta directamente sobre la demanda de alimentos. Amarilla también cuestionó la ausencia de políticas específicas y señaló que existe una reducción del financiamiento destinado al sector agropecuario familiar. Desde las organizaciones, el diagnóstico fue similar. José Luis Castillo, de la Asamblea Campesina e Indígena (ACINA), reclamó avanzar en una ley de emergencia para la agricultura familiar, campesina e indígena. "Venimos a la casa de las leyes a pensar juntos una ley de emergencia de la agricultura familiar, campesina e indígena, para tener un respiro y posibilidades. La producción está en peligro", sostuvo. Castillo enumeró entre las dificultades el costo del gasoil y la situación de los territorios frente a la posibilidad de una mayor extranjerización de la tierra. Por su parte, Fernando Federico Castro, de Federación Rural, puso el foco en el otro extremo de la cadena: el consumo. "Hoy la producción no se vende porque no hay quien tenga para comprarla, el consumo está deprimido", afirmó.

La oposición cuestionó el funcionamiento de la comisión

La falta de quórum también abrió una discusión política dentro de la reunión. El jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, cuestionó los criterios aplicados para contabilizar el quórum y emitir dictámenes cuando los legisladores se incorporan durante el desarrollo de una reunión. Según Martínez, las autoridades parlamentarias están aplicando un criterio "muy estricto" y acusó al oficialismo de utilizar mecanismos que terminan obstaculizando el funcionamiento de la Cámara. "Las autoridades de las áreas parlamentarias están teniendo un criterio muy estricto para poder emitir un dictamen cuando se consigue el quórum en el transcurso de la reunión", afirmó. El diputado también denunció "aprietes" y una supuesta "verticalización de áreas que impide que la Cámara funcione". La disputa reglamentaria terminó atravesando una reunión que, en principio, buscaba poner en agenda la situación de uno de los sectores más atomizados de la estructura productiva argentina.

Una discusión que vuelve a poner la tierra en el centro

La exposición de las organizaciones volvió a colocar en el Congreso una discusión que combina producción, acceso a la tierra, concentración, extranjerización, consumo y políticas públicas para las economías regionales. Para las entidades participantes, el problema no se limita a la rentabilidad de las explotaciones familiares. También involucra la permanencia de las comunidades en sus territorios y el acceso a recursos considerados estratégicos para la producción, como la tierra y el agua. El reclamo de derogación del DNU 70/23 se suma así a una disputa parlamentaria más amplia sobre el régimen de tierras rurales y el alcance de las modificaciones que podrían afectar a productores familiares, comunidades indígenas y organizaciones campesinas.

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