La propuesta sobre la inviolabilidad de la propiedad privada puso en discusión el esquema que regula la titularidad y posesión de superficies agropecuarias por parte de ciudadanos y empresas de otros países. Una de las modificaciones que prevé es la relativa a la ley de Tierras Rurales (Ley 26.737) establece que la participación extranjera no puede superar el 15% del territorio nacional, provincial ni municipal.

Sin embargo, el texto va más allá de la compraventa de campos. También interviene sobre aspectos vinculados con los litigios judiciales en casos de desalojo, introduce cambios en la Ley del Fuego y restringe la capacidad estatal para considerar un bien de utilidad pública.

La directora de la Licenciatura en Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Sabrina Villegas Guzmán, explicó que "el proyecto busca eliminar lo que considera restricciones ilegítimas al derecho de propiedad con vistas a incentivar la inversión internacional y el desarrollo de actividades productivas".

La especialista advirtió que concebir el dominio privado como un derecho absoluto debilitaría los argumentos sociales, ambientales y colectivos capaces de limitar su ejercicio. Desde esa perspectiva, consideró que el avance legislativo podría comprometer el acceso de la población a los bienes comunes y afectar tanto la soberanía territorial como la ambiental.

El papel de las provincias

En medio de las negociaciones, los gobiernos provinciales reclamaron conservar la facultad de autorizar o rechazar operaciones con personas o compañías foráneas. Villegas Guzmán comparó esa discusión con el proceso registrado alrededor de la legislación sobre glaciares, cuando el poder de decisión pasó a las jurisdicciones locales.

En esa línea, la socióloga advirtió que "en los hechos, las provincias, históricamente necesitadas de recursos, terminan generando estrategias para competir entre sí y atraer inversiones, aunque ello signifique la licuación de la protección ambiental y de la soberanía".

Un cambio de mayor alcance

Por su parte, el director del Doctorado en Estudios Sociales Agrarios del Centro de Estudios Avanzados de la UNC, Daniel Hocsman, ubicó la propuesta dentro de un conjunto más amplio de transformaciones legales favorables a grandes capitales y corporaciones internacionales. Y ejemplificó: "En este sentido, recientemente se derogó la ley de glaciares y la ley de emergencia de tierras indígenas, que ponía límites a los procesos de desalojo de comunidades indígenas que habitan su territorio ancestral o que recuperan una parte mínima del territorio ancestral, el cual de todas maneras, es un derecho consagrado en la Constitución".

El investigador también incorporó al análisis el RIGI y el denominado "súper RIGI", diseñados para promover inversiones sin distinguir su procedencia. Por último, concluyó: "En definitiva, esta modificación de una serie de leyes está al servicio de la liberalización de la economía, la profundización de la extranjerización, el desplazamiento de poblaciones locales; todo en beneficio de los grandes grupos económicos".