La interrupción de las maniobras de ingreso, egreso y desplazamiento de buques mantiene paralizadas las terminales de la Vía Navegable Troncal y los principales nodos marítimos del país. Ante este escenario, la Cámara de Puertos Privados Comerciales (CPPC) manifestó su preocupación por las consecuencias sobre la operatoria nacional.

La entidad remarcó que no se trata de una disputa sectorial aislada. Los establecimientos que representa procesan la mayor parte de las cargas que vinculan a la producción argentina con los mercados internacionales, por lo que cualquier alteración en su funcionamiento repercute de manera inmediata sobre la economía.

El primer efecto señalado fue la acumulación de embarcaciones fondeadas y demoradas. Esta situación interrumpió el flujo habitual de exportaciones e importaciones y detuvo el ingreso de divisas que resultan fundamentales para la estabilidad macroeconómica.

En segundo lugar, la inactividad portuaria provocó un efecto dominó sobre las cadenas de suministro. El menor movimiento alcanzó a camiones y ferrocarriles, redujo la capacidad de almacenamiento en las terminales y dificultó la provisión de insumos industriales y energéticos estratégicos.

El tercer punto planteado por la CPPC estuvo relacionado con el incumplimiento de las ventanas de carga acordadas. La imposibilidad de respetar esos plazos expuso a los exportadores a penalidades contractuales y elevó los costos logísticos derivados de las demoras.

La cuarta advertencia se concentró en el deterioro de la reputación internacional de la Argentina. Ya que la imprevisibilidad operativa y la posibilidad de que algunos buques sean desviados hacia destinos de la región podrían debilitar la imagen de la Argentina como un origen confiable y comprometer vínculos comerciales construidos durante años.

El debate por la modernización

Para la organización, la coyuntura también puso en evidencia la necesidad de adecuar, desregular y modernizar el sistema de practicaje. En ese sentido, respaldó la orientación adoptada por el Gobierno nacional para ampliar la competencia, mejorar la transparencia y revisar esquemas considerados rígidos, sin descuidar la seguridad de la navegación.

Al mismo tiempo, reconoció la capacidad técnica y el profesionalismo de prácticos, pilotos y baqueanos. Sin embargo, sostuvo que los cambios vigentes no implican necesariamente un mayor riesgo, ya que armadores, capitanes y aseguradoras requieren asistencia especializada para operar en vías complejas.

Frente a la continuidad de la parálisis, la Cámara instó al Ejecutivo y a los representantes de la actividad a conformar una mesa de negociación que permita restablecer el servicio y avanzar con la implementación del Decreto 690/2026. Según indicó la entidad, el objetivo debe ser recuperar de inmediato la navegabilidad en todas las terminales del país y encauzar la discusión normativa dentro de un marco institucional que aporte previsibilidad y consenso.