Con más de 40 iniciativas en implementación y la posibilidad de duplicar esa cantidad en el corto plazo, el país reune recursos naturales y capacidad técnica para ampliar su participación en el negocio de las reducciones de emisiones. Sin embargo, la falta de previsibilidad regulatoria lo mantuvo rezagado frente a otras naciones latinoamericanas.

Es por eso que el Senado comenzó a analizar distintos proyectos de ley orientados a ordenar el funcionamiento y crecimiento del sector. Las propuestas están bajo tratamiento conjunto en las comisiones de Legislación General, Ambiente y Desarrollo Sustentable y Presupuesto y Hacienda.

En ese marco, la Mesa Argentina de Carbono (MAC), integrada por más de 50 empresas y organizaciones de toda la cadena de valor, expuso ante los legisladores y destacó la necesidad de contar con certezas que permitan sostener proyectos caracterizados por inversiones y plazos extensos. El coordinador general de la entidad, Juan Pedro Cano, valoró el avance de la discusión parlamentaria y concentró su presentación en tres condiciones que, según sostuvo, debería contemplar la futura normativa.

Las tres claves para el sector

La primera fue establecer con precisión a quién le corresponde el crédito obtenido. La MAC propuso que pertenezca al propietario del bien sobre el cual se desarrolla la iniciativa o a quien le haya cedido sus derechos mediante un contrato o acuerdo.

El segundo punto consistió en reconocerlo como un bien inmaterial de carácter patrimonial, fruto del proyecto que lo origina. Esta caracterización permitiría aclarar sus implicancias impositivas y administrativas.

La tercera definición estuvo vinculada con la participación argentina en el exterior. En este sentido, la organización pidió crear un procedimiento gubernamental de autorización y ajuste correspondiente que favorezca el ingreso a plazas globales mediante un esquema competitivo, incluidos porcentajes mínimos de aprobación.

"No se necesita más que esto", resumió Cano. Y advirtió que, si esos aspectos no quedan establecidos, los inversores podrían elegir destinos que ya ofrecen condiciones legales claras y previsibles.

Una competencia regional en marcha

La Argentina quedó detrás de Paraguay, Chile, Perú, Brasil, Colombia y México, pese a su capacidad para convertirse en proveedor de reducciones de emisiones. Por ese motivo, la seguridad regulatoria puede incidir directamente en la radicación de capitales y en la puesta en marcha de nuevos desarrollos dentro del territorio nacional.

Según la MAC, un entorno confiable permitiría traducir esa oportunidad en ingresos, empleo y beneficios territoriales, ambientales y sociales. La entidad, que además integra como miembro fundador la Red Carbono LATAM junto con representantes de siete países, busca posicionar a la Argentina como generadora y comercializadora de instrumentos de calidad.

Para la organización, no es necesario crear el potencial, sino establecer las condiciones para aprovecharlo. En ese sentido, consideró que la decisión del Congreso será determinante para transformar los recursos disponibles en proyectos competitivos dentro de un mercado internacional en expansión y manifestó su disposición a colaborar técnicamente con el Senado en la elaboración de la futura legislación.