La Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados tratará este martes un proyecto que busca establecer penas específicas para hechos de vandalismo rural. La iniciativa es impulsada por el presidente de la comisión, el diputado pampeano Martín Ardohain (PRO), y propone modificar el Código Penal. El encuentro se realizará desde las 15 en la Sala 1 del Anexo de la Cámara baja, con la participación de expositores invitados. Además del proyecto sobre vandalismo rural, el temario contempla una docena de iniciativas de resolución y declaración. La propuesta ya fue puesta a consideración de la Comisión de Legislación Penal, que actúa como comisión cabecera debido a que el texto plantea modificaciones al Código Penal.

Qué propone el proyecto

La iniciativa consta de tres artículos. En primer lugar, propone incorporar el artículo 150 bis al Código Penal, con el objetivo de establecer una pena de un mes a un año de prisión para quien ingrese a un establecimiento rural, terreno o sus dependencias contra la voluntad expresa o presunta de quien tenga derecho a excluirlo. El proyecto establece que esa voluntad de exclusión se presume por la existencia de cerramientos, vallas, muros, alambrados o señales que indiquen la prohibición de ingreso. A su vez, contempla excepciones cuando el ingreso responda a una necesidad justificada, razones de auxilio o cuando las características del lugar no permitan distinguir claramente el límite con la vía pública.

Penas de hasta ocho años por daños a la producción

El segundo eje de la iniciativa apunta directamente a los daños sobre bienes vinculados con la actividad agropecuaria. Para ello, propone incorporar el artículo 184 bis al Código Penal. El texto establece penas de dos a ocho años de prisión y una multa equivalente a entre tres y doce veces el valor del daño causado para quien destruya, inutilice, haga desaparecer o dañe elementos que afecten de manera directa el ciclo productivo, el stock de materias primas o la infraestructura de un establecimiento agropecuario. Entre los bienes alcanzados por la propuesta se mencionan cereales no cosechados, silobolsas, ganado y leña, entre otros elementos vinculados con la actividad productiva. La iniciativa también contempla daños sobre instalaciones tecnológicas destinadas a la provisión de energía o a la extracción de agua. Además, establece que la pena mínima se duplicará cuando el autor del hecho, o quien haya determinado a otra persona a cometerlo, sea funcionario público o se dedique habitualmente a la actividad agropecuaria.

Entre los bienes alcanzados por la propuesta se mencionan cereales no cosechados, silobolsas, ganado y leña, entre otros elementos vinculados con la actividad productiva.

También apunta a la instigación en redes sociales

El tercer cambio propuesto modifica el actual artículo 209 del Código Penal, referido a la instigación pública a cometer un delito. El proyecto plantea que la pena se incremente en un tercio cuando la instigación se realice a través de medios de comunicación masiva, redes sociales o plataformas digitales. De esta manera, la iniciativa busca incorporar al tratamiento penal situaciones vinculadas con la difusión pública de acciones que puedan derivar en hechos de vandalismo contra establecimientos o bienes del sector agropecuario.

Ardohain: "El campo está siendo afectado"

En los fundamentos, Ardohain sostuvo que el proyecto surge de la necesidad de reconocer que el campo argentino enfrenta modalidades delictivas que, según su interpretación, actualmente no cuentan con herramientas penales adecuadas. El diputado afirmó que los daños sobre silobolsas o infraestructura tecnológica estratégica son situaciones que deberían ser abordadas con una legislación actualizada. Según los fundamentos de la iniciativa, el objetivo es adecuar las normas penales para brindar una respuesta específica frente a hechos que afectan al sector agropecuario y establecer tipos penales que permitan una actuación más precisa de jueces, fiscales y fuerzas de seguridad.

El diputado afirmó que los daños sobre silobolsas o infraestructura tecnológica estratégica son situaciones que deberían ser abordadas con una legislación actualizada.

El proyecto fue acompañado por diputados del PRO, la UCR, el MID y La Libertad Avanza, y ahora tendrá una nueva instancia de análisis en la Comisión de Agricultura y Ganadería, donde se escucharán las posiciones de los expositores invitados antes de avanzar en su tratamiento legislativo.