Un amplio arco de entidades vinculadas al sector agropecuario manifestó su respaldo al proyecto de Vandalismo Rural que se encuentra en debate en la Cámara de Diputados, en un contexto en el que los delitos contra establecimientos productivos y la infraestructura del campo continúan generando preocupación entre productores. La iniciativa propone incorporar nuevas figuras y modificar las penas para determinados delitos cometidos en ámbitos rurales. Uno de los principales puntos destacados por las entidades es la creación de la figura de intrusión rural, que contempla penas de entre un mes y un año de prisión para quienes ingresen sin autorización a predios delimitados mediante alambrados, tranqueras o carteles de exclusión. Desde el sector consideran que esta herramienta permitiría intervenir frente a situaciones que pueden anteceder a un delito, como el merodeo nocturno, la caza furtiva o el reconocimiento de establecimientos para un eventual robo, sin tener que esperar a que el hecho delictivo se concrete.

Uno de los principales puntos destacados por las entidades es la creación de la figura de intrusión rural, que contempla penas de entre un mes y un año de prisión

Daños a la infraestructura productiva

El proyecto también incorpora la figura de daño agravado, con penas de entre 2 y 8 años de prisión y multas de entre 3 y 12 veces el valor del daño ocasionado. La propuesta incluye expresamente entre los bienes protegidos a sistemas de riego, paneles solares, silos y alambrados, infraestructura que cumple un papel central en el funcionamiento de los establecimientos agropecuarios. Además, establece que la pena mínima se duplique cuando el autor del hecho sea un funcionario público o una persona vinculada habitualmente con la actividad agropecuaria. Para las entidades que respaldan la iniciativa, uno de los aspectos centrales es reconocer que el impacto de un daño en el campo no necesariamente puede medirse solamente por el costo de reparar o reemplazar el bien afectado.

Además, establece que la pena mínima se duplique cuando el autor del hecho sea un funcionario público o una persona vinculada habitualmente con la actividad agropecuaria

El costo productivo de un daño

Desde Fundación Barbechando plantearon durante el debate que el perjuicio provocado por un delito rural debe analizarse también por la función que cumple el elemento dañado dentro del sistema productivo. Uno de los ejemplos mencionados fue el de una bomba de agua. Su destrucción puede comprometer el abastecimiento de un rodeo completo y generar consecuencias que exceden ampliamente el valor de reposición del equipo. En el caso de la ganadería, la disponibilidad de agua es un elemento crítico. Según el ejemplo citado por la Fundación, una vaca de cría puede requerir entre 50 y 70 litros de agua diarios durante el verano. La misma lógica se aplica a otros bienes cuya afectación puede interrumpir procesos productivos completos. Un daño sobre un sistema de riego, un silo bolsa, un alambrado o un sistema de generación eléctrica puede tener consecuencias económicas que van mucho más allá del valor material del objeto. Desde el sector señalaron que actualmente determinadas situaciones pueden recibir una respuesta penal similar pese a que el impacto productivo sea completamente diferente.

También apunta a la instigación a través de redes

La iniciativa contempla además una actualización del delito de instigación pública. El proyecto propone penas de entre 2 y 6 años de prisión para quienes inciten públicamente a cometer estos delitos y establece una agravación cuando esa instigación se difunda a través de redes sociales o medios de comunicación masiva. Las entidades agropecuarias consideran que este punto adquiere relevancia frente al crecimiento del uso de plataformas digitales como mecanismo de organización y difusión de acciones que pueden derivar en hechos delictivos. La incorporación de este componente busca adaptar la legislación a una modalidad de comunicación que no estaba contemplada con el mismo alcance en las normas actuales.

El proyecto propone penas de entre 2 y 6 años de prisión para quienes inciten públicamente a cometer estos delitos y establece una agravación cuando esa instigación se difunda a través de redes sociales o medios de comunicación masiva.

La Mesa de Enlace respaldó la iniciativa

Durante el tratamiento del proyecto en la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, la Mesa de Enlace expresó su respaldo a la iniciativa y puso el foco en la necesidad de garantizar igualdad de derechos entre quienes viven y trabajan en zonas rurales y quienes residen en centros urbanos. El planteo apunta a que la ubicación geográfica no implique una menor protección frente a hechos delictivos. Desde el sector agropecuario sostienen que productores, trabajadores rurales y comunidades del interior deben contar con herramientas de prevención y protección adecuadas a las características particulares del territorio rural.

El objetivo: mayor protección para el campo

Desde Fundación Barbechando señalaron que el debate sobre Vandalismo Rural forma parte de una discusión más amplia sobre las políticas públicas destinadas al desarrollo del sector agropecuario. El planteo es que la protección de la infraestructura productiva y de quienes trabajan en el campo constituye una condición necesaria para sostener la actividad económica y social de las comunidades rurales. El proyecto continuará ahora su recorrido parlamentario. Su eventual aprobación implicaría incorporar al Código Penal herramientas específicas para abordar situaciones que, según las entidades del sector, hoy no reflejan adecuadamente las particularidades y consecuencias de los delitos cometidos en establecimientos rurales.

Para las organizaciones agropecuarias, el objetivo es que el campo deje de ser percibido como un territorio con menor protección y que productores, trabajadores y comunidades rurales tengan las mismas garantías de seguridad que quienes viven en las ciudades.