La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, expresó su rechazo a la reforma de la Ley de Tierras impulsada por el Gobierno nacional y advirtió que la iniciativa "compromete la soberanía nacional" al flexibilizar las restricciones para la adquisición de tierras por parte de personas físicas y jurídicas extranjeras.

A través de un comunicado difundido junto a dirigentes de la Coalición Cívica y referentes de la asociación civil Voces por la Cultura, la Justicia y la Paz, la exdiputada cuestionó el proyecto que está previsto sea tratado este jueves en el Senado, en el marco del debate sobre la iniciativa vinculada a la inviolabilidad de la propiedad privada. El documento sostiene que la reforma representa "una entrega de poder sobre el territorio argentino" y advierte que la eliminación de límites sustanciales para la compra de tierras por parte de extranjeros, sumada a la posibilidad de que el Poder Ejecutivo Nacional y los gobernadores autoricen adquisiciones por parte de Estados extranjeros, pone en riesgo el control sobre el territorio, el agua, los recursos naturales y las zonas estratégicas del país. "Los argentinos perdemos la tierra, perdemos el agua, perdemos la dignidad. La reforma de la Ley de Tierras frente a un nuevo feudalismo tecnológico", señala el texto en su introducción.

"Los argentinos perdemos la tierra, perdemos el agua, perdemos la dignidad. La reforma de la Ley de Tierras frente a un nuevo feudalismo tecnológico"

Los firmantes fueron más allá y sostuvieron que quienes acompañen la iniciativa "incurren en una conducta que el artículo 29 de la Constitución Nacional califica como traición a la patria", afirmando que esos actos "llevan consigo una nulidad insanable". No obstante, el comunicado no fue acompañado por los dos diputados nacionales que representan actualmente a la Coalición Cívica.

Críticas al modelo impulsado por el Gobierno

En el documento también se cuestiona el rumbo del Gobierno de Javier Milei, al señalar que busca convertir a la Argentina en "territorio de ensayo para grandes empresas tecnológicas y poderes privados globales". Según los firmantes, ese esquema favorecería la sustitución de las reglas públicas por normas definidas por actores privados, concentrando el control sobre datos, infraestructura, financiamiento y territorio. Asimismo, advirtieron que la reforma debe analizarse junto a otras iniciativas oficiales que, a su entender, debilitan la capacidad regulatoria del Estado mediante la flexibilización de controles societarios, la incorporación de jurisdicción extranjera y nuevas formas de organización empresarial.

Debate sobre el rol del Estado

El comunicado también plantea que, si bien el país conoce los efectos negativos de la burocracia, la discrecionalidad y la corrupción, ello no implica reducir los mecanismos de control institucional. En ese sentido, los referentes sostuvieron que tanto el poder estatal como el poder privado deben estar sujetos a límites democráticos, transparencia, división de poderes y control judicial para evitar procesos de concentración que condicionen las decisiones públicas.

Finalmente, el documento concluye que las nuevas tecnologías representan una oportunidad para el desarrollo del país, aunque advierte que el desafío consiste en definir "bajo qué reglas y con qué controles democráticos" se llevará adelante esa transformación.