El Gobierno nacional abrió el proceso de privatización de Belgrano Cargas y Logística S.A. (BCyL) y convocó a una Licitación Pública Nacional e Internacional para concesionar por 50 años las líneas ferroviarias de cargas Belgrano, San Martín y Urquiza. La medida fue anunciada por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien señaló que se trata de una red de 7.594 kilómetros de vías que atraviesa 16 provincias y conecta con los principales puertos del país, además de contar con conexiones internacionales con Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay.

La concesión funcionará bajo un régimen de acceso abierto (open access), con Planes de Inversiones Obligatorias y la posibilidad de acceder a los beneficios del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) para los proyectos que alcancen los requisitos establecidos. Según precisó Caputo, podrán acceder a estos beneficios quienes inviertan al menos US$ 200 millones en la renovación de vías. Desde el Gobierno sostienen que el nuevo esquema busca incorporar capital privado y capacidad de gestión para recuperar una infraestructura que durante décadas acumuló deterioro, falta de mantenimiento e inversiones insuficientes. Caputo cuestionó el desempeño histórico del sistema y señaló que, mientras desde 1970 la producción agropecuaria, principal demandante del servicio, se multiplicó por seis, el Belgrano Cargas actualmente transporta menos carga que entonces. "Esta es la prueba de que el problema del sistema no fue la falta de demanda, sino la ausencia de incentivos correctos y de actores con la capacidad de administrarlo correctamente", afirmó el ministro. En ese sentido, sostuvo que el nuevo modelo apunta a que el sector privado aporte capital, experiencia y asuma el riesgo empresario necesario para recuperar y desarrollar la red.

Desde el Gobierno sostienen que el nuevo esquema busca incorporar capital privado y capacidad de gestión para recuperar una infraestructura que durante décadas acumuló deterioro, falta de mantenimiento e inversiones insuficientes.

El impacto esperado sobre el agro

La decisión fue recibida favorablemente por la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y el Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC), que consideraron que la resolución constituye un "hito fundamental" para la competitividad del sector agroindustrial exportador. Para la entidad, la incorporación de inversión y eficiencia al transporte ferroviario de cargas resulta clave para el desarrollo federal de la agroindustria. Una red más eficiente permitiría mejorar las condiciones de competitividad de las producciones ubicadas lejos de los puertos, donde el costo de los fletes constituye uno de los principales condicionantes logísticos. En particular, Ciara-CEC destacó el potencial impacto sobre el traslado de maíz, trigo, soja, girasol y otros granos, así como sobre el movimiento de insumos agrícolas que actualmente enfrentan dificultades para llegar a destino debido a los elevados costos del transporte. La expectativa del sector exportador está puesta en que la modernización de la red permita reducir costos logísticos, ampliar la utilización del ferrocarril y mejorar la conexión entre las zonas productivas y los principales nodos portuarios.

Ciara-CEC destacó el potencial impacto sobre el traslado de maíz, trigo, soja, girasol y otros granos, así como sobre el movimiento de insumos agrícolas que actualmente enfrentan dificultades para llegar a destino debido a los elevados costos del transporte.

Acceso abierto y cofinanciamiento de obras

Uno de los puntos centrales del nuevo esquema será el régimen de acceso abierto. Esto permitirá la participación de distintos operadores ferroviarios bajo condiciones objetivas y no discriminatorias, sin que el concesionario tenga exclusividad comercial sobre las cargas. A su vez, la flexibilidad del marco contractual permitirá a los concesionarios celebrar acuerdos con inversores, acopios y dadores de carga para cofinanciar obras y reservar capacidad en determinados ramales. Para Ciara-CEC, estos mecanismos pueden resultar relevantes para orientar inversiones hacia corredores específicos de acuerdo con las necesidades de la producción y generar una mayor articulación entre los operadores ferroviarios y los actores de las cadenas agroindustriales. El plazo de concesión de 50 años también busca generar condiciones de previsibilidad para inversiones ferroviarias de gran escala y con largos períodos de recuperación. El Gobierno considera que este horizonte permitirá acompañar la maduración de nuevas cargas y dará incentivos al concesionario para mantener y renovar la red durante toda la vigencia del contrato.

Las obras previstas

El esquema contempla Obras Obligatorias que deberán ejecutarse durante los primeros cinco años de las concesiones, además de obras optativas que podrán ser comprometidas por los oferentes y serán consideradas durante el proceso de adjudicación. Entre las intervenciones previstas se encuentran obras destinadas a eliminar el cuello de botella ferroviario en la ciudad de Santa Fe y recuperar el ramal azucarero de la Línea Belgrano. En la Línea San Martín se plantea rehabilitar la capacidad, confiabilidad y regularidad del corredor principal, mientras que en la Línea Urquiza se prevé recuperar el ramal troncal.El Gobierno también contempla que los concesionarios puedan adquirir el material rodante correspondiente a cada línea. Los recursos obtenidos por la venta y el remate de locomotoras y vagones serán destinados a un fideicomiso específico para financiar parcialmente las Obras Obligatorias. De esta manera, los activos existentes del sistema podrán contribuir al financiamiento de su propia recuperación.

Los recursos obtenidos por la venta y el remate de locomotoras y vagones serán destinados a un fideicomiso específico para financiar parcialmente las Obras Obligatorias.

Un sistema que llega al proceso de privatización con deterioro

Según la información difundida por el Gobierno, al inicio de la actual gestión Belgrano Cargas y Logística presentaba una situación operativa y financiera crítica. Los informes técnicos mencionados por las autoridades señalaron importantes pérdidas económicas, deterioro de la infraestructura, una elevada cantidad de descarrilamientos, falta de mantenimiento cíclico y un incumplimiento de entre el 20% y el 40% del mantenimiento programado del parque tractivo durante 2023. Frente a este escenario, el nuevo modelo propone separar las funciones empresariales de las regulatorias: el sector privado tendrá a su cargo la operación, las inversiones y el riesgo empresario, mientras que el Estado Nacional conservará las funciones de regulación, fiscalización y control.

La expectativa del sector agroindustrial

Desde Ciara-CEC señalaron que la transición desde una administración estatal hacia un modelo de gestión e inversión privada, basado en la libre competencia y en reglas claras, puede permitir alinear la red ferroviaria con las necesidades logísticas del agro y de otros sectores productivos. La entidad también valoró la posibilidad de que las concesiones puedan acceder al RIGI, al considerar que ofrece un marco de certidumbre para proyectos de modernización de infraestructura. Ahora, las empresas interesadas deberán analizar en detalle los pliegos y evaluar las condiciones para presentar sus propuestas. Para el complejo agroindustrial exportador, el desafío será que el proceso de privatización se traduzca en inversiones concretas, mayor eficiencia y una reducción de los costos logísticos. La apuesta es que el ferrocarril vuelva a ocupar un lugar central en el transporte de cargas y se convierta en una herramienta para recuperar competitividad en las zonas productivas alejadas de los puertos.

La apuesta es que el ferrocarril vuelva a ocupar un lugar central en el transporte de cargas y se convierta en una herramienta para recuperar competitividad en las zonas productivas alejadas de los puertos.

Con el llamado a licitación, el Gobierno busca avanzar así con la transformación del sistema ferroviario de cargas y con el programa de privatizaciones contemplado en la Ley Bases, bajo un modelo que pretende trasladar al sector privado la inversión y el riesgo empresario, mientras el Estado mantiene la regulación y el control del servicio