El conflicto desatado en febrero en Medio Oriente alteró el mercado energético global y encareció insumos esenciales para la producción agrícola. El cierre del Estrecho de Ormuz, los ataques contra instalaciones petroleras y las restricciones comerciales provocaron un fuerte ajuste de la oferta mundial.

De acuerdo con el análisis realizado por la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), los productos nitrogenados resultaron ser los más afectados. Antes de la crisis, por ese paso marítimo circulaban cerca de una cuarta parte del comercio global de urea y un quinto del gas natural. La escalada del gas natural licuado (GNL) elevó directamente los costos de elaboración, mientras que las dificultades logísticas profundizaron la tensión.

A ese escenario se sumó la suspensión temporal de la producción india por la escasez de gas y la limitaciones de las exportaciones chinas para garantizar el abastecimiento interno. La combinación de estos factores llevó a que la cotización de la urea más que duplicara los valores de enero, aunque luego comenzó a normalizarse.

Por su parte, los fosfatados también quedaron bajo presión. El azufre, indispensable para producir roca fosfórica, llegó a duplicar su precio frente al inicio del año. Además, se detuvo la fabricación de amoníaco en Irán y de amoníaco y azufre en Qatar, llevando a que el superfosfato triple acumule un incremento del 39% y el fosfato diamónico (DAP) avanzó un 27%.

Menos toneladas, pero más dólares

Durante los primeros seis meses de 2026, la Argentina adquirió 437.000 toneladas de nitrogenados, 767.000 de fosfatados y 39.000 de potásicos. En ese periodo la urea encabezó la contracción, debido a la magnitud de su encarecimiento, mientras que las compras de productos fosfatados prácticamente no variaron frente al año anterior.

Pese a la caída de las cantidades, el monto destinado a esas operaciones alcanzó el segundo registro semestral más alto de la serie. Según el cálculo realizado por la BCR con los precios promedio de 2025 y los volúmenes efectivamente ingresados este año, la diferencia representó un costo adicional teórico de USD 180 millones, sin contemplar el retroceso que los propios aumentos generaron sobre la demanda.

Esta incidencia quedó claramente expuesta en junio, cuando el ingreso de nitrogenados fue el menor desde 2015 y se ubicó un 60% por debajo del promedio de los últimos cinco años. En fosfatados, el tonelaje resultó el más bajo desde 2018 y quedó un 34% debajo de la media quinquenal.

La campaña gruesa, atada al escenario internacional

La evolución durante el resto del año dependerá de lo que ocurra en Medio Oriente, ya que en condiciones normales, el país cubre mediante proveedores externos alrededor del 50% de su consumo de nitrogenados y el 80% de fosfatados. Además, tres cuartas partes de las adquisiciones del primer grupo suelen concentrarse en la segunda mitad del año, antes de la siembra de los cultivos estivales.

La normalización del comercio y el retorno de las cotizaciones a niveles promedio serán determinantes para sostener una rentabilidad de aplicación aceptable en la campaña gruesa 2026/27. Este desafío cobra especial relevancia porque la producción doméstica sólo aporta entre el 30% y el 35% de una demanda cercana a los cinco millones de toneladas.

Una respuesta nacional

Frente a esa dependencia, la aprobación de un proyecto bajo el RIGI para construir una planta de urea en Bahía Blanca abrió nuevas expectativas. La iniciativa prevé una inversión de USD 2.700 millones y una capacidad anual de 2,1 millones de toneladas, lo que la convertiría en la mayor instalación de su tipo en Latinoamérica y en una de las más grandes del mundo.

Con ese aporte, la Argentina podría dejar de ser importadora neta del insumo e incluso evaluar oportunidades de exportación hacia mercados como Brasil. El proyecto permitiría reducir la exposición del agro a las fluctuaciones internacionales y fortalecer el abastecimiento de un producto estratégico para la producción nacional.

Mientras la iniciativa avanza, la campaña 2026/27 seguirá condicionada por la evolución del conflicto en Medio Oriente y el comportamiento de los precios internacionales. La posibilidad de ampliar la oferta local aparece así como una respuesta de largo plazo ante una dependencia externa que, durante el primer semestre, volvió a mostrar su impacto sobre los costos del agro argentino.