La Federación Argentina de Cámaras Agroaéreas (FeArCA) manifestó su preocupación ante el eventual tratamiento en el Senado del proyecto de ley que propone incorporar la figura de "ecocidio" al Código Penal. Desde la entidad advierten que, tal como está redactada la iniciativa, podría generar inseguridad jurídica y exponer a productores, empresas y profesionales a responsabilidades penales por actividades productivas que ya se encuentran reguladas. La preocupación de la Federación se centra especialmente en el alcance que podría adquirir una figura penal construida sobre conceptos amplios, cuya interpretación podría quedar sujeta a diferentes criterios judiciales. "Producir dentro de la ley no puede convertirse en un delito. Cuidamos el ambiente y mejoramos permanentemente nuestras prácticas, pero necesitamos normas que establezcan con precisión qué conducta constituye un delito y bajo qué parámetros técnicos debe determinarse", sostuvo el presidente de FeArCA, Diego Martínez.

"Producir dentro de la ley no puede convertirse en un delito. Cuidamos el ambiente y mejoramos permanentemente nuestras prácticas, pero necesitamos normas que establezcan con precisión qué conducta constituye un delito y bajo qué parámetros técnicos debe determinarse"

El riesgo de criminalizar una actividad regulada

Para FeArCA, el principal problema aparece cuando una actividad que cuenta con autorizaciones, controles y regulaciones específicas puede quedar expuesta a una eventual imputación penal a partir de una interpretación posterior sobre el impacto ambiental de una determinada práctica. La entidad considera que una nueva figura penal debería diferenciar claramente entre una conducta deliberadamente dañina y una actividad productiva regulada que se desarrolla dentro de las normas vigentes. En ese sentido, el planteo de la Federación no implica rechazar la protección ambiental. Por el contrario, sostiene que el desafío consiste en establecer una legislación que permita sancionar los daños ambientales graves, pero que al mismo tiempo brinde previsibilidad a quienes desarrollan actividades productivas dentro del marco legal.

La actividad agroaérea ya tiene normas y sanciones

Uno de los ejes centrales de la posición de FeArCA es que la actividad agroaérea ya se encuentra sometida a un amplio marco regulatorio. Las empresas y profesionales que realizan aplicaciones agrícolas deben cumplir requisitos técnicos, ambientales, operativos y de seguridad, además de las regulaciones nacionales, provinciales y municipales que correspondan. Ese entramado normativo establece obligaciones concretas y también contempla mecanismos de fiscalización y sanción ante eventuales incumplimientos. Por eso, la Federación advierte sobre el riesgo de una superposición de regímenes sancionatorios cuando una misma conducta pueda ser alcanzada por las normas administrativas existentes y, al mismo tiempo, por una nueva figura penal. "No podemos tener un sistema en el que una actividad esté habilitada por la autoridad competente, cumpla con una normativa específica que ya establece sus propias sanciones y, al mismo tiempo, quede expuesta a una nueva sanción penal por la misma conducta", señaló Martínez.

"No podemos tener un sistema en el que una actividad esté habilitada por la autoridad competente, cumpla con una normativa específica que ya establece sus propias sanciones y, al mismo tiempo, quede expuesta a una nueva sanción penal por la misma conducta"

Desde la entidad remarcan que cualquier modificación del régimen penal ambiental debería definir con precisión, proporcionalidad y claridad cuándo una conducta constituye un delito y cómo se articula esa responsabilidad con las sanciones administrativas que ya existen.

La preocupación alcanza a toda la cadena productiva

Aunque el planteo surge desde el sector agroaéreo, FeArCA advierte que la discusión excede a las empresas de servicios de aplicación agrícola. Una eventual ampliación de la responsabilidad penal ambiental podría alcanzar a productores, contratistas, ingenieros agrónomos, empresas de servicios y establecimientos agropecuarios, entre otros actores que participan de las distintas etapas de la producción. Por ese motivo, la Federación reclama que la norma establezca criterios objetivos para determinar cuándo una conducta productiva configura efectivamente un delito y que esa definición no quede librada exclusivamente a interpretaciones posteriores.

Tecnología y buenas prácticas frente al desafío ambiental

Desde FeArCA también remarcan que producción y cuidado ambiental no son caminos opuestos. La actividad agropecuaria incorpora de manera permanente nuevas tecnologías y prácticas destinadas a mejorar la eficiencia en el uso de los recursos y reducir los impactos ambientales. En el caso de la actividad agroaérea, la incorporación de herramientas de precisión, nuevas tecnologías de aplicación y sistemas de monitoreo permite avanzar hacia intervenciones cada vez más eficientes y ajustadas a las necesidades de cada lote. "El camino no es enfrentar al ambiente con la producción. El desafío es generar mejores prácticas, más capacitación, más tecnología y controles eficientes, pero dentro de un marco jurídico que brinde previsibilidad", sostuvo el titular de la Federación.

"El desafío es generar mejores prácticas, más capacitación, más tecnología y controles eficientes, pero dentro de un marco jurídico que brinde previsibilidad"

Reclamo por seguridad jurídica

Otro de los puntos destacados por FeArCA es el impacto que podría tener la incertidumbre normativa sobre las inversiones. La producción agropecuaria requiere inversiones permanentes en maquinaria, tecnología, infraestructura y capacitación. Para la entidad, quienes realizan esas inversiones necesitan conocer con claridad qué está permitido, qué está prohibido y cuáles son las consecuencias jurídicas de sus decisiones. En ese contexto, la Federación sostiene que una legislación ambiental eficaz debe sancionar los daños graves y deliberados sin generar un escenario en el que las actividades productivas desarrolladas bajo las normas vigentes queden sometidas a un riesgo penal difícil de prever. El proyecto también recibió cuestionamientos de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), que expresaron su rechazo a la iniciativa.

FeArCA pide participar del debate

Frente al debate parlamentario, la Federación pidió que el proyecto sea analizado con la participación de entidades productivas, profesionales, científicas y técnicas vinculadas con el sector. "Queremos ser parte de la discusión. El sector agropecuario no rechaza la protección ambiental; por el contrario, somos los primeros que desarrollamos acciones concretas para el cuidado del suelo, el agua y los recursos naturales de los que depende nuestra propia actividad", sostuvo Martínez. Para FeArCA, la discusión sobre los delitos ambientales es necesaria, pero cualquier nueva figura penal debe respetar los principios de precisión, proporcionalidad y seguridad jurídica, sin convertir en delito aquello que el propio Estado autoriza y regula.