La Cámara de Puertos Privados Comerciales (CPPC) denunció ante la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación el presunto incumplimiento de la conciliación obligatoria por parte de la Unión Recibidores de Granos y Anexos de la República Argentina (URGARA). La entidad empresarial expresó su preocupación por la situación y solicitó la intervención de la autoridad laboral y la aplicación de las sanciones que correspondan ante lo que considera una ruptura de la paz social. La presentación fue realizada ante la directora nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, Mara Mentoro, en el marco de la Disposición DI-2026-1035-APN-DNRYRT#MCH, que estableció la conciliación obligatoria en el conflicto.

Más de 400 camiones afectados en Bahía Blanca

El principal foco de preocupación se encuentra en el Puerto de Bahía Blanca, donde, según la CPPC, delegados gremiales comunicaron a las empresas terminales la decisión de no realizar horas extraordinarias y de impedir el reemplazo o la derivación de trabajadores entre distintos sectores. De acuerdo con la Cámara, estas medidas están provocando dificultades en la recepción y movimiento de mercadería y ya se registran más de 400 camiones demorados o varados en las inmediaciones del complejo portuario. La situación genera preocupación en el sector agroexportador debido al impacto que puede tener sobre la logística de ingreso de granos y sobre el cumplimiento de los compromisos de exportación. La CPPC señaló que, si bien la realización de horas extraordinarias tiene carácter voluntario, en la actividad agroexportadora constituye una práctica habitual para sostener la operación continua de las terminales, bajo el esquema de funcionamiento 24 horas, los 365 días del año. La entidad también cuestionó la negativa a cubrir vacantes o realizar asignaciones temporales de tareas entre sectores, al considerar que esa situación afecta la organización de la recepción de camiones y la continuidad de las operaciones.

Estas medidas están provocando dificultades en la recepción y movimiento de mercadería y ya se registran más de 400 camiones demorados o varados en las inmediaciones del complejo portuario.

El conflicto también es salarial

El reclamo sindical se encuentra vinculado a la negociación salarial del sector. Desde la Cámara de Puertos Privados Comerciales señalaron que, antes del dictado de la conciliación obligatoria, las empresas habían presentado una propuesta que, según la entidad, representaba una mejora por encima de la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC). De acuerdo con la CPPC, la propuesta contemplaba un incremento acumulado del 31,99% para el período enero-diciembre de 2026, frente a una inflación anual proyectada del 30,20%. A ese incremento se sumaba una suma extraordinaria equivalente a $359.095 para la tercera categoría, con montos proporcionales para las restantes categorías. La Cámara afirmó que había ofrecido además cancelar esa suma en forma acelerada, en dos cuotas consecutivas a partir de agosto.

La preocupación por el impacto sobre la cadena agroexportadora

La situación en Bahía Blanca adquiere especial relevancia para el sector agropecuario porque el complejo portuario es uno de los principales puntos de salida de la producción agrícola argentina. Una interrupción o ralentización de las operaciones puede generar demoras en el ingreso de camiones, mayores tiempos de espera para los transportistas y dificultades en la programación de las terminales. Desde la CPPC sostienen que la negativa a prestar servicios en las condiciones habituales, en el marco de una conciliación obligatoria, constituye una medida que afecta la continuidad de la actividad portuaria. La entidad reclamó que la autoridad laboral intervenga para garantizar el cumplimiento de la disposición vigente y determine las responsabilidades que correspondan. Por el momento, el planteo presentado por la Cámara refleja la posición empresarial frente al conflicto. La situación dependerá ahora de las actuaciones de la Secretaría de Trabajo y de la respuesta del gremio ante la denuncia presentada.

Una interrupción o ralentización de las operaciones puede generar demoras en el ingreso de camiones, mayores tiempos de espera para los transportistas y dificultades en la programación de las terminales.

El punto central para la cadena agroexportadora será determinar si el conflicto puede resolverse durante la vigencia de la conciliación obligatoria y evitar que las demoras en Bahía Blanca se profundicen en los próximos días.