El Congreso tendrá este jueves una sesión clave para el sector agropecuario. Entre los proyectos incluidos en el temario figuran las reformas a la Ley de Tierras Rurales y a la Ley de Manejo del Fuego, dos iniciativas que buscan modificar el régimen vigente sobre la propiedad de la tierra, las inversiones extranjeras y el uso de los campos afectados por incendios. Las propuestas forman parte del paquete de reformas impulsado por el oficialismo y, de ser aprobadas, introducirán cambios relevantes para productores, inversores y gobiernos provinciales.

Nuevas reglas para la compra de tierras rurales

Uno de los proyectos modifica la Ley de Tierras Rurales y establece un nuevo esquema para la adquisición de campos por parte de extranjeros. El nuevo dictamen deja atrás la propuesta original de la Ley Bases, que eliminaba prácticamente todas las restricciones, y reincorpora límites a la tenencia de tierras. Entre los principales cambios se encuentra la fijación de un tope del 25% de la superficie rural por distrito -tanto a nivel nacional como provincial- para propietarios extranjeros. Actualmente, la legislación vigente establece un límite del 15% por provincia o departamento. Además, el proyecto prohíbe expresamente que Estados extranjeros puedan adquirir tierras rurales en la Argentina, una posibilidad que hasta ahora estaba contemplada bajo las reglas generales. En el caso de empresas con participación estatal extranjera, la iniciativa dispone que deberán contar con la autorización conjunta del Estado nacional y de las provincias para concretar operaciones de compra. La medida alcanza a sociedades y asociaciones con participación de gobiernos extranjeros.

Entre los principales cambios se encuentra la fijación de un tope del 25% de la superficie rural por distrito -tanto a nivel nacional como provincial- para propietarios extranjeros.

Más controles sobre las operaciones

La reforma también fortalece el sistema de registro de las operaciones. Toda adquisición de tierras rurales realizada por extranjeros deberá quedar asentada en un registro especial dentro de los registros inmobiliarios provinciales, consignando la nacionalidad del comprador. El objetivo es reforzar la trazabilidad y el control sobre las inversiones extranjeras en tierras rurales.

Cambios en las expropiaciones

El nuevo dictamen incorpora además modificaciones en materia de expropiaciones. Si bien la Ley 21.499 continuará siendo el marco legal para estos procedimientos, la iniciativa exige que toda declaración de utilidad pública esté debidamente fundamentada, sea proporcional al objetivo perseguido y contemple el pago previo de la indemnización correspondiente.

También buscan modificar la Ley de Manejo del Fuego

Otro de los proyectos que llegará al recinto propone modificar la Ley de Manejo del Fuego, una norma que fue reformada en 2020 tras los incendios registrados en distintas regiones del país. La legislación vigente establece que las superficies afectadas por incendios no pueden cambiar su uso durante 60 años cuando se trata de bosques nativos, áreas protegidas y humedales, y durante 30 años en el resto de las zonas incendiadas. La medida fue incorporada para evitar que incendios intencionales fueran utilizados como mecanismo para habilitar emprendimientos inmobiliarios, desarrollos agrícolas o cambios en el destino de las tierras. La reforma impulsada por el oficialismo propone derogar esas restricciones, de manera que los terrenos afectados por incendios vuelvan a regirse por el régimen general, sin plazos especiales que impidan modificar su uso.

La reforma impulsada por el oficialismo propone derogar esas restricciones, de manera que los terrenos afectados por incendios vuelvan a regirse por el régimen general, sin plazos especiales que impidan modificar su uso.

Un debate con impacto en el sector agropecuario

Las iniciativas generan expectativa entre productores, entidades rurales y gobiernos provinciales por el alcance que podrían tener sobre el mercado de tierras y las inversiones. Mientras que la reforma de la Ley de Tierras busca redefinir el acceso de compradores extranjeros al mercado inmobiliario rural mediante un esquema de controles y limitaciones, el proyecto sobre Manejo del Fuego apunta a eliminar las restricciones que hoy condicionan el destino productivo de los campos incendiados. Ambas propuestas serán debatidas este jueves en la Cámara de Diputados y, en caso de obtener la aprobación legislativa, modificarán dos normas de fuerte incidencia sobre la actividad agropecuaria, el desarrollo territorial y las inversiones en el sector.