En Mendoza hay menos superficie cultivada de las frutas en general

 16-01-18 Que se abandonan fincas y desaparecen los productores no es novedad para Mendoza. Lo que ahora alerta es que la disminución de superficie cultivada se advierte para todas las frutas en general, no sólo en la manzana y la pera, que fueron las más afectadas durante los últimos años. La suba de costos y la falta de rentabilidad son las principales causas de la crisis. Piden con urgencia que haya un nuevo censo para saber la situación real y empezar a aplicar políticas a corto y mediano plazo.

"Las primeras frutas afectadas fueron manzanas y peras pero, a través de los años, se han ido afectando otros cultivos, como damascos, ciruelas, cerezas, membrillos y duraznos, por lo que hoy vemos que ha disminuido la superficie cultivada de todas las frutas que se producen en Mendoza", aseguró Alberto Carleti, vicepresidente de la Federación Económica Mendoza (FEM) y presidente de la Cámara de Comercio, Industria, Agricultura y Turismo de Tunuyán acerca del panorama actual de la fruticultura, acentuado durante los últimos dos años.

A pesar de que no existe un registro certero de cuántas hectáreas menos de cada cultivo hay en Mendoza, por lo que exigen que se realice un nuevo censo, los referentes del sector aseguran que la tendencia es que sigan disminuyendo y desapareciendo los productores. Esto estaría, entre otros factores, alentado principalmente por el incremento en los costos que no se condicen con los aumentos en los precio del producto.

"Entre los costos es muy alta la incidencia que tiene la mano de obra, que representa prácticamente el 60%. Si bien el salario del trabajador no representa el mayor problema, sí lo son los impuestos al trabajo. El aumento de la tarifa ha tenido también un fuerte impacto por la necesidad de este recurso para riego", detalló Carleti, poniendo de ejemplo que en los últimos dos años la electricidad de un cultivo de 40 hectáreas en el Valle de Uco pasó de costar $5.000 a $41.000. A lo que se le sumaría la suba en combustibles y agroquímicos, entre otros gastos.

La falta de rentabilidad se ve altamente alentada, también, por la distorsión en la cadena de comercial por la diferencia entre lo que recibe el productor y lo que paga el consumidor, que es 7 veces superior.

"Si consideramos que un consumidor pagó $80 un kilo de fruta en una verdulería o supermercado, seguramente el valor de esa fruta en el mercado mayorista fue de $40 porque, normalmente, en esta parte de la cadena el precio se duplica. De esos $40 el productor recibirá solo $8,40, que es el 21%", aseguró Carleti, detallando que la mano de obra y materiales de empaque representan 44% ($17,60), las comisiones y flete, 14% ($5,60), y el IVA 21% ($ 8,40).

Sobre la necesidad de un censo, dijo: "Se han producido tantos cambios y se han abandonado tantos cultivos que hoy es necesario tener una información más real. Donde estamos parados y qué se hace hacia futuro". El último fue en 2010 y el Gobierno provincial habría anunciado que para este año se haría uno nuevo.

Sobraría el durazno de industria

En plena temporada de cosecha de durazno, alertan por la sobreoferta, como sucedió con el damasco y la cereza. "La crisis llevó a que haya menos capacidad industrial y nos encontramos con una muy buena cosecha. Hay que analizar si se puede procesar todo, sino va a quedar en la planta. Lo que debería haber sido bueno no lo es porque se perdió mercado. La mayoría va al interno y los precios bajan", agregaron desde la FEM, destacando la necesidad de acuerdos comerciales y fitosanitarios y de resolver el problema de la competitividad por el tipo de cambio.

También, piden medidas para una reducción en el costo, asociadas a las cargas tributarias y a lo laboral. Como que se reglamente a corto plazo la Ley 274 promulgada a fines de 2017 que busca rebajar impuestos distorsivos, grava la renta financiera y modifica gravámenes internos.

"Queremos que la reforma que es gradual a 5 años para los aportes patronales se aplique directamente desde 2018", dijo Carleti.

El proyecto establece que las empresas no los pagarán hasta una remuneración bruta de $12.000 para 2022, arrancando en la escala con $2.400 para este año.