"Es lamentable no haber consensuado todavía una nueva ley de semillas",
El ex intendente de Pergamino critica la falta de reglas claras al comenzar otra campaña de soja, la producción que genera más divisas al país.
Con poca claridad sobre la normativa respecto de las semillas, los productores agropecuarios argentinos inician otra campaña de soja con más incertidumbre que las propiamente climáticas. Porque comienza la época de siembra y todavía no se cuenta, tal como se pronosticó a principios de año, con una adecuación de la Ley de Semillas vigente desde 1973.
Es lamentable no haber consensuado todavía un nuevo marco regulatorio y, más aún, que se haya avanzado poco al respecto. Además de las iniciativas parlamentarias oportunamente presentadas por legisladores de distintos bloques políticos, últimamente se han sumado proyectos de la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA), y ante la opinión pública se han expresado desde entidades técnicas y gremiales hasta productores con propuestas particulares. Porque aunque se presente por estas horas un proyecto del Gobierno -ha habido rumores durante meses, desde que se solucionó el conflicto con la empresa Monsanto- difícilmente quede tiempo para lograr el consenso y la certidumbre adecuada.
Mirando el medio vaso lleno, vale remarcar que el ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, lideró un oportuno freno a la pretensión de cobrar la biotecnología a través de controles en los puertos, que involucraba a diversos actores en prácticas paraestatales inadmisibles en una sociedad organizada.
Además, el fruto de la cosecha, el grano, es un producto procesado que, a partir de la semilla, luego suma una serie de procesos y trabajos, que implican transformaciones, riesgos y agregado de valor, todo lo cual deriva en la renta de los productores, que no debe ser cercenada.
Ese derecho, en todo caso, debe compatibilizarse con el derecho de los desarrolladores de semillas, sea que incorporen nuevos eventos por transgénesis, o con métodos de mejoramiento tradicional, por selección de especies y variedades.
El INASE no inicia
La presentación de un proyecto oficial es la pata que falta para armar una mesa de debate, necesario e inevitablemente amplio, entre los actores involucrados en esta situación, desde las multinacionales hasta los productores, pasando por los semilleros casi familiares, las agronomías, acopios, y por supuesto, los funcionarios y técnicos encargados de asesorar y controlar las conductas privadas, de manera que se garantice un escenario en el que, si no ganan todos, al menos se pierda lo menos posible entre todos.
La ley y/o su reglamentación debe contemplar un eficaz mecanismo de control de la "bolsa blanca", un flagelo ilegal que ha ido creciendo en los últimos años y fue dejando prácticamente fuera de juego a diversas empresas semilleras, especialmente a las más indefensas frente a las dificultades para recuperar sus genuinas inversiones.
Por todo ello, existe un consenso generalizado sobre la necesidad de jerarquizar el Instituto Nacional de Semillas (INASE), organismo dependiente del Ministerio de Agroindustria, pero que debe conformar un directorio con representantes del ámbito público como del sector privado. Esa también es una asignatura pendiente.
En ese sentido, preocupa que el proyecto de la asociación de semilleros sea considerado como una propuesta de consenso y no como una iniciativa sectorial, particularmente porque pretende dejar sin efecto el uso propio de las semillas. El uso propio es el derecho que tiene el productor de usar parte de los granos producidos como semilla para la campaña siguiente. Aunque se diga que la propuesta de ASA lo mantiene, y que no requiere autorización del obtentor, la condición de "uso propio oneroso" anula prácticamente el concepto de uso propio, derecho indisolublemente ligado a la gratuidad. Este podrá regularse, con eventuales limitaciones temporales y/o espaciales, pero no alterarse su espíritu.
De cualquier modo, es inadmisible que el Gobierno renuncie a su rol indelegable como regulador. Quienes ejercen el poder del Estado deben administrar las diferencias entre los actores particulares, y de ninguna manera ceder su función fiscalizadora a una empresa multinacional o a una cámara privada.
Sólo hace falta mirar para el costado, a nuestros países vecinos, y darnos cuenta que hay múltiples modos posibles de establecer reglas claras en este sentido. No podemos caer en el cinismo de decir, pensar y asumir como ley no escrita a la lamentablemente extendida idea de que "es imposible controlar".
Por eso, exhorto a que con urgencia se despejen todas las dudas sobre este tema, que preocupa a la comunidad agropecuaria y tiende un manto sombrío sobre principal fuente de divisas para el país, con los consecuentes efectos para toda la sociedad.
