La postergación de la firma del acuerdo de comercio entre la Unión Europea y el Mercosur, anunciada oficialmente el 19 de diciembre de 2025, estuvo lejos de cerrar el capítulo. Por el contrario, abrió una serie de declaraciones políticas que expusieron las tensiones internas del bloque europeo y la creciente impaciencia del Mercosur, en especial de los países con fuerte perfil agroexportador. 

Ese mismo día, la Comisión Europea y el Consejo Europeo enviaron una carta institucional conjunta al presidente de Brasil y del Mercosur, Lula da Silva, en la que admitieron que "lamentablemente no será posible proceder con la firma del Acuerdo de Asociación UE-Mercosur el 20 de diciembre", pero reafirmaron su compromiso con el proceso. En el documento, las autoridades europeas aseguraron que están "trabajando activamente para completar los pasos necesarios sin demoras" y manifestaron su intención de avanzar con la firma "a principios de enero". 

La comunicación oficial buscó llevar previsibilidad tras la confirmación pública de que diciembre quedaba descartado como fecha de cierre. Sin embargo, el reconocimiento explícito de que la demora responde a procesos internos europeos volvió a poner el foco en las resistencias políticas dentro de la UE, particularmente vinculadas al impacto del acuerdo sobre su sector agrícola. 

Salvaguardias y posturas enfrentadas de los dos lados del charco 

En los días posteriores, el Consejo de la Unión Europea y el Parlamento Europeo alcanzaron un acuerdo político para establecer reglas de cláusulas de salvaguardia que permitan reaccionar rápidamente ante eventuales aumentos de importaciones agroalimentarias provenientes del Mercosur. El objetivo es contar con herramientas que habiliten suspender beneficios comerciales si se detectan daños o amenazas al agro europeo. 

Durante la cumbre de presidentes del 20 de diciembre, Lula da Silva reclamó sosteniendo que "sin voluntad política y sin coraje por parte de los líderes, no será posible finalizar una negociación que se ha prolongado durante 26 años". Señalando que el texto ya está prácticamente concluido y que las demoras actuales responden a discusiones internas del bloque europeo. En ese contexto, confirmó haber recibido la carta de la Comisión y el Consejo Europeo en la que se reafirma el compromiso de avanzar con la firma en enero, y advirtió que sin una decisión política clara por parte de los líderes europeos no será posible concluir el proceso. 

El contrapunto más fuerte llegó desde Polonia, donde su presidente Karol Nawrocki, expresó su rechazo al acuerdo y lo calificó como "un desastre" para su país. Según su postura, el tratado generaría "competencia desleal" y podría "devastar" a la agricultura polaca, aún con la incorporación de cláusulas de salvaguardia. Nawrocki advirtió que esos mecanismos no serían suficientes para proteger a los productores locales y cuestionó la lógica de importar alimentos desde miles de kilómetros de distancia. 

Estas declaraciones reflejan que el principal obstáculo que enfrenta el acuerdo en su tramo final es la falta de consenso político dentro de la Unión Europea. Mientras la Comisión y el Consejo buscan cerrar el tratado como una señal estratégica en un contexto global más fragmentado, varios Estados miembros mantienen fuertes reparos vinculados a la protección de su producción agrícola. 

Para la Argentina, el escenario sigue siendo de expectativa y cautela, ya que el acuerdo es visto como una herramienta clave para ampliar mercados y mejorar el posicionamiento de las exportaciones agroindustriales. Sin embargo, las sucesivas postergaciones prolongan la incertidumbre en un sector que necesita previsibilidad para planificar inversiones y estrategias comerciales. 

Las declaraciones realizadas luego de la postergación confirman que el acuerdo UE-Mercosur está más avanzado que nunca, pero también más expuesto a la política interna europea. La promesa de enero renueva las expectativas del Mercosur y del agro argentino, aunque las críticas dentro de la UE muestran que el debate de fondo sigue abierto. De este modo, el inicio de 2026 será decisivo no solo para saber si el acuerdo se firma, sino para conocer hasta dónde está dispuesta Europa a asumir el costo político de abrir su mercado al agro sudamericano.