La Universidad de Buenos Aires atraviesa una fuerte crisis en su estructura académica tras la renuncia de 83 docentes e investigadores en la Facultad de Agronomía, una situación que genera preocupación por el desarrollo del ciclo lectivo 2026.

El fenómeno impacta de lleno en la Facultad de Agronomía de la UBA, donde además se registran salidas de trabajadores no docentes y un aumento en los pedidos de jubilaciones anticipadas, configurando un escenario crítico para el funcionamiento institucional.

La decana Adriana Rodríguez advirtió sobre la gravedad del contexto y la pérdida de capital humano: "Estamos perdiendo profesionales con formación de posgrado y amplia trayectoria en investigación, reconocidos internacionalmente, que se ven obligados a continuar sus carreras en el exterior ante la imposibilidad de sostener condiciones salariales".

"Estamos perdiendo profesionales con formación de posgrado y amplia trayectoria en investigación, reconocidos internacionalmente, que se ven obligados a continuar sus carreras en el exterior ante la imposibilidad de sostener condiciones salariales".

El trasfondo de esta situación es una crisis presupuestaria que afecta a todo el sistema universitario. Según datos oficiales, los salarios docentes acumulan una caída del 34% en términos reales desde noviembre de 2023, lo que deteriora las condiciones de trabajo y empuja a muchos profesionales a emigrar o abandonar el sistema.

Este escenario compromete funciones clave como la enseñanza, la investigación y la extensión, pilares del modelo de universidad pública argentina, y enciende alarmas sobre un posible desmantelamiento progresivo de capacidades académicas.

Ante este panorama, la UBA ratificó la emergencia salarial y presupuestaria para el ejercicio 2026 y reclamó al Gobierno nacional la aplicación inmediata de la Ley 27.795, destinada a garantizar recursos para el funcionamiento del sistema.

El pedido fue dirigido a las autoridades económicas y educativas, con el objetivo de lograr una recomposición salarial urgente acorde a la inflación y evitar un mayor deterioro en áreas sensibles como la salud, la ciencia y la formación profesional.

En paralelo, desde la conducción de la facultad convocaron a visibilizar el conflicto y reforzaron el reclamo por medidas concretas que permitan sostener la educación pública. La advertencia es clara: sin financiamiento adecuado, el sistema universitario enfrenta dificultades crecientes para garantizar su continuidad y calidad en el corto plazo.