Argentina busca tomar el control de su espacio marítimo mediante un nuevo protocolo orientado a combatir la pesca ilegal extranjera en la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA). La medida apunta a reforzar la protección de los recursos pesqueros frente a la Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada, una de las principales amenazas para la sostenibilidad del sector y para la economía vinculada al complejo pesquero nacional.

La normativa entró en vigencia a través de la Disposición N° 20/2026, impulsada por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía, mediante la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca. El eje central del nuevo esquema es transformar criterios técnicos complejos en estándares operativos claros, verificables y aplicables en tiempo real.

Uno de los cambios más relevantes es la incorporación de presunciones legales de pesca ilegal basadas en el comportamiento de los buques extranjeros. A partir de ahora, se considerará que una embarcación se encuentra realizando tareas de pesca cuando navegue a menos de 6 nudos y ejecute maniobras o cambios de rumbo compatibles con esa actividad dentro de la ZEEA, aun cuando no se detecte el arte de pesca de manera directa.

El protocolo pone especial atención sobre los buques poteros, especializados en la captura de calamar, una de las especies de mayor interés comercial y presión extractiva. En estos casos, la presunción de ilegalidad se activará si la nave se desplaza a 2 nudos o menos sin una justificación técnica válida, una medida que busca cerrar vacíos habituales en los controles tradicionales.

El monitoreo se realizará mediante el Sistema Guardacostas de la Prefectura Naval Argentina, que integra información satelital, registros electrónicos y datos de navegación. Estos elementos podrán ser utilizados como evidencia objetiva para iniciar actuaciones y aplicar sanciones, fortaleciendo la capacidad de control del Estado en un área extensa y de difícil supervisión presencial.

Más allá del enfoque sancionatorio, la disposición incorpora garantías de debido proceso. Los capitanes de los buques alcanzados por las presunciones podrán presentar descargos y pruebas técnicas, como reportes meteorológicos adversos o partes de avería, que permitan justificar los movimientos registrados. De este modo, el esquema busca equilibrar firmeza en el control con reglas claras y previsibilidad jurídica.

La iniciativa se enmarca en el Principio Precautorio, que obliga a actuar de manera preventiva ante el riesgo de daños graves o irreversibles al ecosistema marino, aun cuando no exista certeza científica absoluta en el momento de la detección. Este criterio cobra relevancia en un contexto de creciente presión sobre los recursos pesqueros del Atlántico Sur y de expansión de flotas extranjeras en los límites de la ZEEA.

El nuevo protocolo representa una señal política y operativa de mayor control y defensa de los recursos naturales del país. Al reducir zonas grises en la fiscalización y apoyarse en tecnología verificable, la Argentina busca desalentar prácticas ilegales que generan competencia desleal, pérdida de divisas y deterioro ambiental. En un escenario global donde la pesca ilegal sigue en aumento, el fortalecimiento del control marítimo se consolida como una condición necesaria para garantizar la sostenibilidad productiva y la soberanía económica a largo plazo.