La discusión por la vacunación antiaftosa volvió a escalar luego de que Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) endureciera su postura frente a la Resolución 201/2026 del SENASA. Para CRA, el cambio no es una mera modificación operativa, sino que afecta un sistema sanitario que el sector considera clave para sostener el estatus ganado por la Argentina en materia de sanidad animal. 

De acuerdo con el comunicado emitido por la entidad, el eje del conflicto está en que la resolución oficial establece que el titular del RENSPA "podrá acordar y seleccionar libremente el servicio de un veterinario privado acreditado" ante el SENASA como vacunador. El Gobierno presentó la medida como parte de un proceso de simplificación y desregulación, con el argumento de ampliar la libertad de acción de los productores y hacer más ágil el esquema sanitario. 

Pero la lectura de CRA es que la reforma "pone en riesgo la sanidad de nuestros rodeos". Y advirtió que el problema no se limita a la logística de aplicación, sino al posible debilitamiento de una red territorial construida durante años. En esa línea, sentenciaron: "Miles de productores quedan solos frente a costos más elevados, sin estructura logística y, en muchos casos, directamente fuera del sistema". 

En el cierre del pronunciamiento, la entidad señaló: "Por ello, solicitamos enfáticamente la revisión inmediata de la Resolución 201/2026 y la apertura de un espacio de diálogo serio con el sector, antes de avanzar en decisiones que pueden tener consecuencias irreversibles". La frase resume el punto central de la protesta: el temor a que una desarticulación del esquema actual derive en fallas de cobertura, pérdida de control y mayor vulnerabilidad sanitaria. 

El rechazo de CRA se suma al que días antes realizó la Federación Agraria Argentina (FAA) en donde se recordó que la Argentina ya atravesó antecedentes traumáticos cuando la aftosa volvió a golpear y complicó el acceso a mercados internacionales. El planteo refuerza la idea de que detrás del debate administrativo hay una discusión de fondo sobre cómo preservar uno de los activos estratégicos de la ganadería argentina. 

A las críticas gremiales también se sumó el ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, quien apuntó directamente contra el nuevo esquema por entender que puede fragmentar la información sanitaria y volver más difícil el seguimiento de las campañas. Y advirtió: "El hecho de que los profesionales sean independientes de los entes vacunatorios hace más complejo el control y seguimiento de la vacunación, porque la información sobre qué productores vacunaron en un determinado distrito estará disgregada". 

En este contexto, la polémica ya dejó de ser un desacuerdo técnico entre organismos y pasó a convertirse en una señal de alarma para buena parte del entramado agropecuario. Y CRA lo sintetizó con la siguiente frase: "No se puede ser mero espectador cuando está en juego la sanidad de nuestros rodeos". Con la resolución ya publicada, la presión del ruralismo apunta a frenar o revisar la norma antes de que el nuevo diseño se implemente, convirtiéndose en un factor de mayor incertidumbre para la cadena ganadera.