La problemática de la inseguridad rural volvió a ocupar un lugar central en la agenda del campo, luego de un 2025 lleno de denuncias. A través de un comunicado por la Asociación de Sociedades Rurales de Corrientes expresó su profunda preocupación por la falta de respuestas judiciales ante delitos que afectan de manera directa a los productores agropecuarios. 

El documento advierte que, al momento de su difusión, cinco unidades de la Policía Rural permanecían desde hacía más de 24 horas a la espera de órdenes judiciales para avanzar en procedimientos de aprehensión. Según la entidad, esta demora se produce aun cuando existen antecedentes de reiteración delictiva por parte de los involucrados. 

Desde la ASRC señalaron que la situación resulta particularmente grave, no solo por la exposición de los efectivos a condiciones climáticas adversas. Sino también porque interfiere con la coordinación necesaria entre la Policía Rural y la Fiscalía, un engranaje clave para combatir delitos como el abigeato y los robos en establecimientos rurales. 

El comunicado apunta directamente al accionar del fiscal Facundo Sotelo, a quien se responsabiliza por la persistente falta de decisiones oportunas. Para la entidad ruralista, estas actitudes contradicen la necesidad de respuestas firmes y ágiles que la sociedad rural viene reclamando desde hace tiempo. 

En este contexto, la ASRC remarca que Corrientes atraviesa hechos que requieren respuestas especializadas y rápidas. Sin embargo, en la práctica, cada intervención policial encuentra un "muro de indiferencia" al momento de avanzar en el plano judicial, generando dilaciones que terminan debilitando los procedimientos. 

A pesar de este escenario, la entidad destacó y respaldó el trabajo de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica (ex PRIAR). Las tareas de patrullaje, control y prevención han permitido avances concretos, incluso en un marco de recursos limitados, aunque estos esfuerzos se ven severamente condicionados cuando los hechos deben judicializarse. 

Finalmente, la Asociación instó a las autoridades competentes a revisar el accionar de la Fiscalía y a restablecer una coordinación efectiva entre la justicia y las fuerzas de seguridad rurales, tal como lo establece la ley. Desde la entidad advirtieron que "la seguridad rural no puede quedar a merced de la desidia", alertando sobre el impacto institucional de decisiones que erosionan el Estado de Derecho. 

El pronunciamiento de la ASRC refleja una tensión creciente entre el sector productivo y el sistema judicial en un contexto donde la inseguridad rural se ha consolidado como una amenaza constante a nivel país. Mientras las fuerzas de seguridad refuerzan su presencia y los productores reclaman protección, la falta de respuestas judiciales aparece como un eslabón crítico que amenaza con neutralizar cualquier estrategia contra el delito.