El agua vuelve al centro de la agenda, pero esta vez no sólo por las señales de estrés hídrico. Esto se debe a que el Congreso de la Nación se encamina a discutir las modificaciones a la Ley de Glaciares, la que define a los glaciares y al ambiente periglacial como reservas estratégicas de recursos hídricos para consumo humano, agricultura y recarga de cuencas.

La discusión legislativa se enmarca en la convocatoria oficial a sesiones extraordinarias del 2 al 27 de febrero de 2026, formalizada por el Decreto 24/2026 publicado en el Boletín Oficial. En ese temario quedó habilitado el tratamiento de la "adecuación" del régimen de presupuestos mínimos para preservación de glaciares y ambiente periglacial. 

En ese marco, el Senado ya dio una primera señal institucional a través de un plenario de las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que abrió el intercambio con la participación de funcionarios nacionales y referentes científicos, ambientales y empresariales. Allí, el Gobierno defendió la reforma con el argumento de clarificar el alcance del régimen vigente y precisar las competencias entre la Nación y las provincias.

Ese enfoque también está explicitado en el Mensaje del Poder Ejecutivo que acompaña el proyecto. Allí se señala que la iniciativa busca "superar las controversias interpretativas que se han generado en torno al alcance de la Ley N.º 26.639, a fin de otorgar mayor seguridad jurídica y fortalecer las atribuciones de las provincias en la gestión y tutela de sus recursos naturales". El texto agrega además que distintas jurisdicciones vinculadas a las mesas del litio y del cobre reclamaron "mayor precisión respecto del objeto de protección de la norma y de la real función hídrica de los glaciares y del ambiente periglacial".

Mientras la política nacional discute el alcance, la advertencia técnica llega desde las organizaciones internacionales. En este contexto, un informe elaborado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) sostiene que el problema no es sólo la cantidad de agua sino su calidad. En este sentido, con el cambio climático y mayor presión productiva, crece el uso de fuentes alternativas y reutilizadas, y allí aparecen contaminantes químicos que pueden ingresar a la cadena alimentaria.

El documento remarca que la agricultura concentra más del 70% de las extracciones de agua dulce a nivel mundial y que los sistemas hídricos están sometidos a una presión sin precedentes, lo que incrementa el riesgo de utilizar agua de origen o composición química poco conocida. Según la FAO, cuando el agua se contamina con sustancias químicas, de origen natural o antrópico, su uso en la producción agroalimentaria puede transformarse en un problema de inocuidad, con impactos potenciales sobre cultivos, ganadería, acuicultura y alimentos procesados.

El trabajo técnico también subraya que "muchos contaminantes químicos presentes en el agua utilizada por los sistemas agroalimentarios carecen de directrices específicas de gestión del riesgo desde la perspectiva de la seguridad alimentaria". A esto se suman desafíos emergentes como "el aumento de eventos climáticos extremos, el uso de aguas no convencionales, las mezclas químicas y los avances tecnológicos", factores que, según la FAO, refuerzan la necesidad de repensar la gestión del agua no sólo como un insumo productivo, sino como un eje central de la salud pública y la sostenibilidad de los sistemas alimentarios.

Para el agro glaciares y ambientes periglaciares forman parte del sistema que regula caudales, sostiene cuencas y define la disponibilidad de agua. Con el Decreto 24/2026 habilitando el tratamiento y el Senado ya avanzando con dictamen, la discusión por la Ley de Glaciares se instala como un debate de "agua productiva", no sólo de ambiente. En este sentido, el informe de la FAO agrega un dato que el agro no puede ignorar, el hecho de que la calidad química del agua se vuelve condición de competitividad y de seguridad alimentaria.