La Argentina se encuentra frente a una oportunidad estratégica para transformar su capital natural y productivo en activos exportables de alto valor, se trata de los créditos de carbono. Así lo advierte la Mesa Argentina de Carbono, que destacó el potencial del Artículo 6 del Acuerdo de París para duplicar, y en algunos casos quintuplicar, el valor de las exportaciones de créditos de carbono del país. 

Según el espacio que reúne a más de 50 empresas líderes del sector (dentro de las cuales se encuentra la SRA) la clave para ingresar plenamente al mercado internacional es la presentación de la nueva Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC 3.0). Este paso permitiría a la Argentina avanzar en acuerdos bilaterales con países compradores y dejar de depender exclusivamente del mercado voluntario, donde hoy se comercializa la totalidad de los créditos generados a nivel local. 

Desde la Mesa Argentina de Carbono señalan que el mercado internacional de carbono debe ser entendido como una decisión estratégica de promoción de inversiones, generación de divisas, empleo y desarrollo regional. A través del Artículo 6, Argentina podría convertir resultados de mitigación en activos financieros exportables de alta calidad ambiental, con demanda creciente a nivel global. 

Actualmente, el país cuenta con una base técnica sólida y más de 20 años de experiencia en proyectos vinculados al carbono, especialmente en energía, agro, bosques y residuos. Sin embargo, el alcance económico de estas iniciativas se encuentra limitado. 

El coordinador de la Mesa Argentina de Carbono, Juan Pedro Cano, sostiene: "El mercado internacional del Artículo 6 paga entre 2 y 5 veces más por crédito de carbono que el mercado voluntario actual. Esto cambia radicalmente la ecuación económica y vuelve viables proyectos de gran escala que hoy no logran financiarse". 

Estimaciones del Centro Argentino de Ingenieros y de la Academia Nacional de Ingeniería indican que la Argentina podría generar al menos 131,4 millones de créditos de carbono por año a partir de la producción agropecuaria y forestal, la conservación de bosques nativos y otras actividades certificables. 

Bajo ese escenario, los ingresos anuales por exportaciones de créditos de carbono oscilarían entre USD 1.400 y USD 3.900 millones en el mercado internacional. En contraste, si el país continúa operando únicamente en el mercado voluntario, el ingreso proyectado se reduce a unos USD 788 millones anuales, una diferencia que pone en evidencia el costo de no avanzar en la implementación del Artículo 6. 

El sector agropecuario aparece como uno de los pilares de esta oportunidad

Prácticas ampliamente difundidas en el país, como la siembra directa, las rotaciones de cultivos, los cultivos de cobertura, el manejo eficiente de fertilizantes y la conservación de bosques nativos, permiten mejorar el balance de carbono de los sistemas productivos. De este modo, el agro no solo produce alimentos, sino que también puede actuar como sumidero de carbono, una condición clave para generar créditos con integridad ambiental. 

Para activar este flujo de inversiones y divisas, el requisito indispensable es la presentación formal de la NDC 3.0 ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. En este sentido Cano advierte: "La NDC 3.0 funciona como prerrequisito para negociar acuerdos bajo el Artículo 6 y como una señal clara para que el sector privado invierta en proyectos de carbono orientados al mercado internacional". 

El contexto global refuerza la urgencia 

Más de 70 países ya incorporaron el Artículo 6 en sus nuevas NDC y existen más de 100 acuerdos bilaterales firmados bajo el esquema 6.2. Japón, Suiza, Singapur, Suecia, Corea y Noruega se destacan como principales países compradores, mientras que Chile, Paraguay, Perú, Costa Rica, Ghana, Kenia e Indonesia avanzan como oferentes. 

Además del ingreso de divisas, la operatividad del Artículo 6 permitiría acceder a financiamiento y tecnología a tasas más competitivas, mejorar la competitividad internacional frente a barreras para-arancelarias. Un ejemplo de ello es el CBAM de la Unión Europea (que entrará plenamente en vigencia en 2026) y promover un desarrollo federal con inversiones directas en regiones agropecuarias, forestales y energéticas. 

En un escenario de restricciones externas y creciente presión ambiental sobre el comercio internacional, los mercados de carbono emergen como una alternativa concreta para diversificar exportaciones y agregar valor a la producción primaria. La Argentina cuenta con recursos naturales, experiencia técnica y prácticas agropecuarias consolidadas; el desafío pasa ahora por las definiciones institucionales.