Ante el anuncio del gobierno nacional de avanzar en la derogación de la Ley de Tierras (N.º 26.737), que fija un límite del 15% a la extranjerización de la superficie a nivel provincial y departamental, el Observatorio de Tierras, integrado por investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y la Universidad de Buenos Aires (UBA), lanzó un mapa interactivo que permite visualizar qué porciones del territorio argentino se encuentran en manos extranjeras.

La Ley de Tierras fue sancionada en 2011, en un contexto marcado por el fuerte incremento del valor de la tierra, impulsado por el boom internacional de los precios de los alimentos durante la década de 2000, y por un proceso previo de extranjerización acelerada en los años noventa. Según el Observatorio, en ese período la flexibilización de los controles estatales habilitó operaciones controvertidas en zonas estratégicas, como la compra de tierras en torno al Lago Escondido, en la Patagonia, adquiridas por el empresario británico Joe Lewis. Frente a ese escenario, la norma buscó establecer límites y reforzar la supervisión estatal sobre la propiedad de la tierra.

De acuerdo con las estimaciones del organismo, en la actualidad alrededor del 5% del territorio nacional se encuentra en manos extranjeras, lo que equivale a más de 13 millones de hectáreas, una superficie similar a la extensión total de Inglaterra.

No obstante, los investigadores advierten que el dato más relevante aparece al observar la extranjerización a escala departamental y su superposición con cursos de agua, acuíferos y zonas con potencial minero.

Mientras el gobierno nacional sostiene que ninguna provincia supera el límite del 15% establecido por la ley, el relevamiento identifica al menos 36 departamentos que exceden ese umbral. Entre los casos más críticos se encuentran Lácar (Neuquén), General Lamadrid (La Rioja) y Molinos y San Carlos (Salta), zonas estratégicas por sus reservas de agua dulce o recursos minerales donde la extranjerización supera el 50%.

Asimismo, en departamentos ubicados sobre el río Paraná, como Iguazú (Misiones), Ituzaingó y Berón de Astrada (Corrientes), y Campana (Buenos Aires), la proporción de tierras en manos extranjeras supera ampliamente el 30%.

"El patrón es claro: las situaciones más críticas se dan en zonas fronterizas, tanto en el norte como en la cordillera, y en territorios con recursos hídricos, mineros o ventajas logísticas, como los puertos", sostienen los investigadores.

En cuanto al origen de los principales propietarios extranjeros, el estudio indica que los ciudadanos estadounidenses encabezan el listado, con más de 2,7 millones de hectáreas, una superficie superior a la provincia de Tucumán. Les siguen Italia y España, y en conjunto estas tres nacionalidades concentran cerca de la mitad de la tierra extranjerizada en el país.

En ese marco, desde el Observatorio advierten que el intento de derogar la Ley de Tierras se inscribe en un escenario internacional de creciente disputa por recursos estratégicos. Según señalan, en los últimos años se produjo un giro en la estrategia de Estados Unidos a nivel regional, orientado a garantizar el acceso a recursos naturales clave de América Latina.

"En un contexto de presión creciente sobre estos territorios, desarmar protecciones que se sostuvieron durante décadas sobre una visión de largo plazo del territorio y sus recursos no es una decisión neutral: redefine quién decide, quién accede y quién queda excluido de algunos de los espacios más sensibles del país", concluyen.