Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) presentó ante legisladores nacionales un proyecto de ley que propone modificar el Código Penal con el objetivo de tipificar y sancionar de manera específica los delitos que afectan a la producción agropecuaria, una problemática que el sector considera creciente y con escasa respuesta judicial efectiva.

La iniciativa busca dotar al Estado de herramientas jurídicas más adecuadas frente a hechos delictivos que provocan daños en bienes, infraestructura y en el propio esfuerzo productivo del ámbito rural. En ese marco, el proyecto plantea la reforma de los artículos 186 y 189 del Código Penal y la incorporación del artículo 184 bis, que introduce la figura de "Vandalismo Rural".

Según la propuesta, esta nueva tipificación contempla penas de dos a cinco años de prisión para quienes afecten el normal funcionamiento de un establecimiento rural mediante la destrucción, inutilización o daño de granos, silobolsas, cultivos, plantaciones, ganado, forrajes y otros bienes directamente vinculados a la actividad agropecuaria.

Desde CRA señalaron que la iniciativa no apunta únicamente a la protección de bienes materiales. "No se trata solo de resguardar objetos, sino de proteger el trabajo, la inversión y la seguridad de quienes producen alimentos en todo el país", destacaron desde la entidad gremial.

En ese sentido, advirtieron que los ataques a silobolsas y a establecimientos rurales se han transformado en una práctica reiterada en distintas regiones, sin que el marco legal vigente contemple sanciones acordes a la magnitud del daño económico y productivo que generan. "Hoy estos hechos no encuentran una respuesta penal proporcional a su gravedad", remarcaron.

El proyecto también propone una actualización de la figura del delito de estrago, incorporando nuevas modalidades como la liberación de patógenos, y establece escalas penales diferenciadas según exista dolo, imprudencia o negligencia. Asimismo, prevé agravantes cuando se ponga en riesgo la vida de las personas o se produzcan consecuencias fatales.

Desde CRA explicaron que el Código Penal actual presenta falencias que dificultan una respuesta judicial efectiva frente a estos delitos, especialmente en el ámbito rural, donde los daños suelen impactar de manera directa en la continuidad de la producción y en la economía regional.

"El delito evoluciona y se adapta a nuevas prácticas; la ley debe hacer lo mismo para evitar la impunidad y brindar certezas a las víctimas", afirmaron desde la entidad.

Finalmente, la organización subrayó que la propuesta apunta a fortalecer la seguridad jurídica en el campo y a contribuir a la prevención de delitos que no solo afectan a los productores agropecuarios, sino también al desarrollo económico y social de las comunidades del interior del país.