De acuerdo con la Comisión Técnica Forestal del Consejo Profesional de Ingeniería Agronómica (CPIA) la Argentina registra de manera sostenida cifras superiores a los diez mil incendios por año. Se trata de una problemática estructural, que obliga a cambiar la lógica de respuesta y tratar el tema como una política permanente de seguridad pública y ambiental. 

En uno de sus documentos de análisis técnico, CPIA expuso su posición ante la creciente recurrencia y severidad de estos eventos. El texto se enmarca en la situación de la Patagonia, con mención a zonas como la Patagonia Norte, el Parque Nacional Los Alerces y áreas afectadas en Chubut, Río Negro, Neuquén, La Pampa y Santa Cruz. 

El punto de mayor relevancia de este diagnóstico es la crítica a la naturalización del problema. En este sentido, desde CPIA señalaron: "Lamentablemente, desde el punto de vista comunicacional y operativo, se fue normalizando la recurrencia de estos eventos catastróficos". Y añadieron: "No se observan cambios sustantivos en las estrategias para enfrentarlos, a pesar de que los resultados han sido reiteradamente devastadores".

Una secuencia que se repite y crece

El documento repasa temporadas recientes con fuerte impacto, en particular, los incendios del año 2020 fueron uno de los más destructivos, con más de 1.150.000 hectáreas afectadas a nivel nacional. También señala 2016-2017 con más de 2.000.000 de hectáreas quemadas, y 2021-2022 con aproximadamente 1.054.000 hectáreas, con destaque de Corrientes donde se incendiaron cerca de 934.000 hectáreas. 

Para el ciclo 2024-2025 y la temporada 2025-2026, la tendencia se mantuvo sin modificaciones. Solo en enero el Servicio Nacional del Manejo del Fuego reportó más de 140.000 hectáreas devastadas, con 73.000 en La Pampa y 55.000 en Chubut como las de mayor relevancia. 

En ese contexto, los profesionales advirtieron que "estos hechos no son episodios aislados, sino una tendencia persistente que el país no ha logrado revertir, agravada por condiciones climáticas extremas como sequías prolongadas y altas temperaturas". 

El precio de las pérdidas

En un informe técnico desarrollado por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) muestra que en un campo modal de 650 hectáreas del sur bonaerense las pérdidas directas pueden oscilar entre USD 310.277 con una afectación del 30% y más de USD 1.034.255 en un escenario de destrucción total. Mientras que en la zona costera de Chubut, para un establecimiento ganadero de 10.000 hectáreas, las pérdidas pueden superar los USD 11 millones en el escenario más crítico.

A pesar de que la incidencia económica varía de acuerdo a la región y el daño producido, estas cifras evidencian que el impacto económico trasciende al productor individual. En estos contextos entran en juego la seguridad alimentaria, la sostenibilidad de los ecosistemas y la estabilidad económica regional, y refuerza la urgencia de fortalecer las estrategias de prevención y gestión del riesgo. 

Prevención como política central

El CPIA reconoció el trabajo de quienes combaten el fuego, pero cuestionó la idea de que el aumento de presupuesto para combate sea la respuesta principal. Planteó que sostener una estrategia centrada casi por completo en la extinción, sin un giro hacia la prevención del inicio de incendios, deriva en el mismo resultado año tras año. 

En este sentido la entidad remarcó: "mientras el país continúe concentrando sus esfuerzos casi exclusivamente en combatir incendios ya declarados, seguirá lamentando pérdidas humanas, destrucción de comunidades y degradación ambiental". 

En esta línea, la Comisión Técnica Forestal sostuvo que "el eje central de la política pública debe ser la prevención activa de la ocurrencia de incendios". Y señaló que una proporción mayoritaria tiene origen humano, ya sea por negligencia o de forma intencional, algo que indican cómo confirmado en muchos de los focos actuales en la Patagonia.

Entre las prioridades mencionadas figuran: el patrullaje preventivo obligatorio y permanente con fuerzas federales y provinciales, el uso intensivo de tecnología como drones, monitoreo satelital y cámaras térmicas, el ordenamiento territorial en zonas de riesgo, la educación y concientización ciudadana, el manejo sostenible de bosques nativos para reducir carga combustible, y una persecución penal más eficaz con sanciones ejemplarizadoras. 

En pocas palabras, CPIA define: "Los incendios no son desastres naturales inevitables: en su inmensa mayoría son hechos prevenibles, agravados por factores antrópicos y climáticos que requieren una respuesta integral". El fuego ya no es solo un problema ambiental sino un riesgo operativo y económico que golpea territorios, infraestructura y comunidades. 

Si el país continúa actuando cuando el incendio ya está declarado, la pérdida de hectáreas, biodiversidad y vidas humanas se repetirá. Para que esta problemática estructural encuentre una salida, no depende de una herramienta única sino de una arquitectura sostenida de prevención, control territorial, tecnología, educación y justicia, con continuidad más allá de cada temporada crítica.