En un nuevo capítulo de la causa judicial que involucra al grupo agroindustrial, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 10 ordenó este miércoles el embargo y la inhibición general de bienes de exfuncionarios del Banco Nación y de directivos vinculados al Grupo Vicentín. La medida busca asegurar una posible reparación del daño por el presunto fraude contra el Estado por más de 300 millones de dólares. 

Entre los más destacados alcanzados por la resolución figuran el expresidente del Banco Nación, Javier González Fraga, y su exvicepresidente, Lucas Llach. Estos exfuncionarios, junto a otros 18 exdirectivos, son señalados por favorecer a la agroexportadora santafesina con créditos millonarios pese a su delicado estado financiero a fines de 2019. 

La causa, que se remonta a denuncias y pesquisas iniciadas hace años, investiga maniobras irregulares en el otorgamiento de financiamiento desde la entidad pública hacia Vicentín, cuando la empresa se encontraba con deudas vencidas y sin calificación crediticia vigente. La imputación sostiene que esos créditos (que representan un porcentaje muy alto de la responsabilidad patrimonial del banco) habrían generado un perjuicio patrimonial significativo para el Estado. 

La medida judicial se produce en paralelo a las indagatorias que comenzaron en noviembre pasado y continuarán este año, en las que los exdirectivos están obligados a declarar ante la Justicia. El embargo e inhibición de bienes se enmarca en la estrategia para evitar que los imputados dispongan de activos que eventualmente deban responder por una condena o reparaciones económicas. 

El fallo también incluye a otros exdirectivos del Banco Nación que actuaron durante la gestión del expresidente Mauricio Macri. También implica a empresarios vinculados al Grupo Vicentín, el histórico actor del complejo agroexportador argentino con fuerte presencia en granos y derivados. 

El presunto fraude se basa en que, entre agosto y diciembre de 2019, la entidad pública continuó otorgando y refinanciando préstamos a Vicentín. A pesar del hecho de que la empresa estaba en mora y excedida en los límites de riesgo financiero permitidos, con deudas que incluían más de 149 millones de dólares vencidos. 

El embargo a exfuncionarios y directivos en la causa Vicentín refuerza el control sobre cómo se financia con fondos públicos a grandes empresas del agro en momentos de crisis financiera. Más allá de las implicancias judiciales, este caso da lugar a observar cómo estas decisiones pueden influir en la percepción de riesgo, la confianza en instrumentos de crédito y la futura relación entre el Estado y los actores clave de la cadena agroexportadora en un contexto de mercados globales volátiles.