En la avicultura argentina las crisis empresariales no aparecen como hechos aislados, sino como episodios que se repiten y dejan secuelas profundas en todo el entramado productivo. Cada cierre de planta o quiebra arrastra a cientos de trabajadores y a productores que dependen de la continuidad de las grandes firmas.

De acuerdo con el último comunicado de CRA, en el sector existen antecedentes recientes como San Sebastián, Praver o Cresta Roja, que marcaron momentos críticos que pusieron en evidencia la fragilidad de un modelo altamente concentrado y con escaso margen de reacción para el primer eslabón de la cadena.

Hoy la preocupación vuelve al sector debido a la compleja situación que atraviesa Granja Tres Arroyos, una de las principales compañías avícolas del país. En las últimas semanas, la empresa avanzó en procesos de reestructuración que incluyeron cierres de plantas, atrasos en el pago de salarios y ajustes operativos, en un contexto de crisis financiera y productiva que genera incertidumbre generalizada.

Si bien aún no existen elementos concluyentes que permitan determinar las causas de la situación actual, el sector reconoce que las crisis avícolas habitualmente responden a una combinación de factores. Mientras que en algunos períodos fueron los escenarios macroeconómicos adversos y las estructuras de costos difíciles de sostener, en otros incidieron problemas sanitarios y comerciales, como brotes de hepatitis o caídas abruptas en los mercados de exportación.

Más allá de las particularidades de cada caso, el impacto social y productivo de estas crisis resulta innegable. En muchas regiones del país, la avicultura constituye uno de los pilares del desarrollo local, por lo que cualquier interrupción en la actividad repercute de manera directa sobre el empleo, el consumo y la dinámica económica de pueblos y ciudades enteras.

La realidad en las granjas refleja un clima de inquietud e imprevisibilidad. La falta de certidumbre respecto de la continuidad productiva comienza a afectar la provisión de alimentos balanceados y la planificación diaria, dando lugar incluso a situaciones de desabastecimiento que ponen en riesgo la sanidad y el bienestar de las aves.

En paralelo, la cadena de pagos empieza a mostrar señales de ruptura, ya que los atrasos y la falta de cumplimiento generan consecuencias perjudiciales para los productores integrados. En su caso, no suelen contar con herramientas para reconvertir su actividad en el corto plazo y quedan expuestos, casi sin margen de maniobra, a escenarios de quebranto.

Frente a este contexto, Confederaciones Rurales Argentinas planteó la necesidad de avanzar hacia procesos de diálogo responsable entre todos los actores involucrados, con la participación activa del Estado y el análisis de los organismos judiciales correspondientes. El objetivo es encontrar salidas que contemplen la complejidad del problema y eviten un daño mayor sobre el entramado productivo.

La transparencia y un abordaje integral aparecen como condiciones indispensables para proteger la continuidad de la producción y asegurar el empleo de quienes forman parte de las economías regionales vinculadas a la avicultura. La repetición de estas crisis deja una enseñanza clara para el sector y para las políticas públicas. Sin mecanismos de prevención, control y articulación temprana, se corre el riesgo de que estas crisis se repitan, teniendo siempre a los damnificados en el primer eslabón de la cadena.