La Unión Industrial Argentina (UIA), encabezada por su presidente Martín Rappallini y su secretario Eduardo Nougués, presentó una nota formal al Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, para solicitar el acompañamiento del Poder Ejecutivo al Proyecto de Ley de Biocombustibles elaborado por la Liga de Provincias Bioenergéticas, integrada por Catamarca, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, Misiones, Salta, Santa Fe y Tucumán.

El proyecto, que ya cuenta con estado parlamentario en ambas cámaras, surge de la articulación entre sectores públicos y privados con el objetivo de fortalecer la producción de bioetanol y biodiesel, diversificar la matriz energética, reducir la dependencia de combustibles fósiles importados y promover el desarrollo federal.

Desde la UIA se destacó que la iniciativa permitirá agregar valor a la caña de azúcar, el maíz y la soja, sostener cadenas de alto impacto socioeconómico en las provincias productoras, garantizar nuevas inversiones y mejorar la salud de la población al reducir emisiones contaminantes.

El nuevo marco normativo contempla un incremento progresivo en los cortes obligatorios de biodiesel y bioetanol, apertura de inversiones en transporte aéreo, marítimo y fluvial, libre comercialización por encima de las mezclas mínimas y la incorporación de motores flex y kits de conversión. Además, reemplaza los cupos y precios fijados por el Estado por un esquema de licitaciones entre privados, generando competitividad y previsibilidad.

En este contexto, Jorge Rocchia Ferro, presidente de la Unión Industrial de Tucumán, advirtió sobre la situación crítica del norte argentino: "El norte argentino está en una situación límite. Sin políticas concretas que fortalezcan nuestras economías regionales, el futuro será devastador. Hoy tenemos un 12% (6% maíz y 6% caña), pero necesitamos que ese porcentaje crezca rápidamente. Esto no es un capricho: es la única manera de darle rentabilidad a nuestra producción, sustituir importaciones de combustibles y generar empleo genuino en el norte".

Con el respaldo de la UIA y de las uniones industriales provinciales, el proyecto apunta a consolidar un modelo energético federal, competitivo y sostenible, capaz de aprovechar el potencial agroindustrial argentino y garantizar un futuro económico y ambiental más equilibrado para todo el país.

Conflictos en el sector

Sin embargo, el impulso a una nueva ley también se explica por los conflictos que atraviesa actualmente el sector. Los precios oficiales fijados por la Secretaría de Energía suelen publicarse tarde y en valores muy por debajo de la inflación y de los costos reales, lo que dejó a muchas plantas con hasta un 80% de capacidad ociosa y frenó inversiones.

Como señaló Alejandro Kusznierz, el presidente de la Cámara Santafesina de Energías Renovables (Casfer), mientras Brasil avanza hacia cortes del 20% y en Estados Unidos se ampliaron las mezclas para proteger a los agricultores, Argentina permanece estancada en un 7,5%. Esta falta de decisión política, además de paralizar parte de la industria, pone en riesgo miles de empleos y obliga a importar gasoil cuando podría sustituirse con producción nacional.