Con el número de expediente 5621-D-2025, se presentó en el Congreso de la Nación el proyecto de ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para la Aplicación de Productos Fitosanitarios. La propuesta surge del trabajo conjunto de la Red de Buenas Prácticas Agropecuarias (RedBPA), integrada por más de 80 instituciones públicas y privadas. La iniciativa fue impulsada por los diputados Atilio Benedetti y Maximiliano Ferraro, y acompañada por 29 legisladores de los bloques UCR, CC-ARI, PRO, UXP, Encuentro Federal, Innovación Federal, Unidos, Coherencia, Democracia para Siempre y Liga del Interior-ELI.

En este sentido, el legislador Maximiliano Ferrari posteó en sus redes sociales: "Junto a Atilio Benedetti y más de 30 diputadas y diputados de distintos bloques políticos presentamos un proyecto de ley de presupuestos ambientales para la aplicación de fitosanitarios, elaborado con el aporte de más de 80 instituciones de la Red de Buenas Prácticas Agrícolas".

Además, agregó que "es una propuesta construida desde el consenso para brindar certezas y tranquilidad a todos los actores involucrados, productores, vecinos y autoridades, a través de receta profesional obligatoria, trazabilidad, capacitación y reglas claras para cada aplicación".

Ferrari, finalizó el posteo diciendo: "Una base federal y responsable para cuidar la salud y el ambiente, fortaleciendo al mismo tiempo la producción sostenible en todo el país".

Actualmente, Argentina carece de una ley nacional específica que regule la aplicación de fitosanitarios, lo que genera incertidumbre, regulaciones locales dispares y desconfianza social. El proyecto de la RedBPA busca establecer un marco regulatorio uniforme basado en evidencia científica, criterios de gestión del riesgo reconocidos internacionalmente y en las mejores tecnologías disponibles, tomando en cuenta antecedentes nacionales e internacionales relevantes.

El objetivo es ofrecer certidumbre, previsibilidad y confianza tanto a los actores productivos como a la ciudadanía, compatibilizando la actividad agrícola con la salud pública y la preservación del ambiente. La propuesta no es prohibicionista: reconoce la necesidad de los fitosanitarios para mantener la productividad, pero establece reglas modernas y seguras que protejan a quienes los aplican y a las comunidades cercanas.

Entre los puntos clave del proyecto se destacan:

Responsabilidades claras: define funciones y obligaciones de todos los actores involucrados, desde productores hasta fiscalizadores.

Zonas de uso: introduce conceptos de zonas sensibles, de exclusión y de amortiguamiento cerca de poblaciones, cursos de agua, escuelas rurales y áreas protegidas.

Receta profesional: toda aplicación debe realizarse bajo receta emitida por un profesional matriculado.

Control de insumos y equipos: solo se podrán usar productos autorizados por SENASA, y los equipos aplicadores deberán estar registrados y verificados periódicamente.

Capacitación obligatoria: establece un sistema nacional de formación periódica frente a avances tecnológicos y científicos.

Monitoreo: obliga a implementar programas de seguimiento ambiental, epidemiológico y de residuos en alimentos, con información pública.

Régimen sancionatorio: contempla sanciones administrativas para garantizar la efectividad de la norma y brindar seguridad jurídica.

Según los impulsores, el proyecto constituye una herramienta normativa moderna, integral y equilibrada, que busca armonizar y elevar los estándares de regulación en materia de aplicaciones de fitosanitarios, asegurando un sistema agroalimentario competitivo, tecnológicamente innovador y ambientalmente sostenible.