En el marco de la reciente aprobación de la Ley de Modernización Laboral, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación puso el foco en un instrumento clave para el entramado productivo, el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI). La iniciativa apunta a dinamizar el sector agroindustrial a través de beneficios fiscales y adecuaciones en el régimen laboral.

El RIMI fue diseñado como complemento del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y está orientado específicamente a micro, pequeñas y medianas empresas. El esquema contempla inversiones desde U$S 150.000 en el caso de microempresas, hasta U$S 9.000.000 para empresas medianas, ampliando la cantidad de actores que pueden acceder a estímulos económicos.

Inversiones productivas 

El régimen promueve especialmente inversiones productivas vinculadas con la adquisición, elaboración, fabricación o importación de bienes muebles nuevos, siempre que sean amortizables en el Impuesto a las Ganancias. También incluye obras directamente afectadas a la producción.

Un punto relevante es que no se establecen montos mínimos para inversiones consideradas estratégicas. En este grupo se incluyen sistemas y equipos de riego, bienes de alta eficiencia energética, mallas antigranizo y bienes semovientes. Esta definición abre oportunidades para distintos subsectores agropecuarios que buscan tecnificación y mejora de la productividad.

Beneficios fiscales

Entre los principales incentivos impositivos, el RIMI establece un régimen de amortización acelerada. Para inversiones estratégicas sin mínimo exigido, la amortización podrá realizarse en una sola cuota, mientras que para bienes muebles se habilita en dos cuotas.

Además, los créditos fiscales de IVA asociados a estas inversiones podrán computarse luego de tres períodos fiscales mensuales. De esta manera se busca mejorar el flujo financiero de las empresas que decidan avanzar con proyectos de ampliación o modernización.

En el plano energético, se dispone una reducción significativa de la alícuota de IVA para la energía eléctrica utilizada en equipos de riego con destino agroindustrial. Este punto resulta especialmente relevante en un contexto donde los costos energéticos inciden de manera directa en la estructura productiva.

También se introduce una modificación en el sistema de valuación de hacienda para establecimientos de invernada y engorde a corral. El cambio impacta en la determinación del Impuesto a las Ganancias al reducir el resultado por tenencia de cada ejercicio, con potencial efecto positivo sobre la carga tributaria del sector.

Cambios en el régimen laboral agrario

Dentro de las modificaciones previstas en esta reforma, se contempla el reordenamiento en el régimen de trabajo agrario. En este sentido, se modifica el esquema de subcontratación y cesión, estableciendo relación directa con quien registre la relación laboral y limitando la responsabilidad solidaria.

En este contexto, se asegura la temporalidad de contratos temporales sucesivos y se amplía el período de prueba a ocho meses. Otro cambio significativo es la eliminación de las remuneraciones mínimas fijadas por la Comisión Nacional de Trabajo Agrario, trasladando la determinación salarial al marco de las convenciones colectivas, incluyendo la remuneración por rendimiento.

Finalmente, se establece la compatibilidad entre el trabajo rural temporario y las prestaciones sociales, garantizando la continuidad en la percepción de asignaciones familiares y otros beneficios. De acuerdo con el Ministerio de Economía, el objetivo es: "fomentar el trabajo y adaptar la normativa laboral a las dinámicas actuales del campo".

El RIMI configura un nuevo escenario para las PyMEs agroindustriales que buscan acrecentar su producción, incorporar tecnología o mejorar su eficiencia. La combinación de incentivos fiscales, estímulos a inversiones estratégicas y modificaciones en las relaciones contractuales apunta a dinamizar decisiones empresariales en el interior productivo. Hacia adelante, el impacto real de este marco normativo dependerá tanto de la capacidad del sector para capitalizar las herramientas disponibles como del cumplimiento efectivo de lo aprobado por parte del Gobierno.