Emergencia agropecuaria

Santa Fe prorrogó la emergencia agropecuaria con aval nacional

La Comisión Nacional aprobó el pedido provincial y recomendó a Economía dictar la resolución definitiva. El esquema que rige desde el 1 de septiembre de 2025 se extenderá hasta el 28 de febrero de 2026

23 de Enero de 2026

La Comisión Nacional de Emergencia Agropecuaria aprobó la prórroga solicitada por la Provincia para extender la declaración de emergencia y desastre y elevó la recomendación al Ministerio de Economía de la Nación, que deberá emitir la resolución final para su implementación. La decisión apunta a dar continuidad al esquema de asistencia en una región que continúa afectada por condiciones climáticas adversas.

Según la información oficial, la prórroga rige desde el 1 de septiembre de 2025 y se extenderá hasta el 28 de febrero de 2026. El alcance territorial se concentra en distritos del departamento 9 de Julio, donde la falta de precipitaciones sigue generando un deterioro significativo en los sistemas productivos.

El marco normativo provincial se instrumentó a través del Decreto Nº 3184/25, que extendió lo dispuesto previamente por el Decreto Nº 0435/25. Ambas normas responden a una sequía prolongada que compromete tanto a la producción agrícola como a la ganadera en el norte santafesino.

En concreto, la medida alcanza a las localidades de Santa Margarita, San Bernardo, Villa Minetti, Pozo Borrado, Tostado, Logroño, Campo Garay, Esteban Rams y Montefiore. En cambio, Gato Colorado y Gregoria Pérez de Denis quedaron excluidas de la prórroga tras verificarse una recuperación productiva que permitió dejarlas fuera del esquema de emergencia.

Desde el gobierno provincial señalaron que el aval nacional busca aportar respaldo y previsibilidad a los productores, en un escenario climático adverso que exige herramientas excepcionales para sostener la actividad. En ese sentido, el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, remarcó que la decisión apunta a mitigar el impacto de la sequía y acompañar a una de las regiones más afectadas de la provincia.

En cuanto a la gestión administrativa, el trámite se realiza de manera completamente digital a través del Sistema Santafesino de Gestión de Situaciones de Emergencia Agropecuaria, conocido como Sisagea. Allí los productores deben completar la declaración jurada de pérdidas y daños para acceder a los beneficios previstos.

El esquema simplifica los pasos para quienes ya cuentan con certificados vigentes. Los productores que se encontraban en situación de Emergencia pasan automáticamente a la condición de Desastre sin necesidad de iniciar un nuevo trámite, mientras que quienes ya estaban en Desastre mantienen su condición sin gestiones adicionales.

Para el sector apícola, la operatoria se canaliza mediante el sistema Proap, también por vía digital, en el apartado correspondiente a Emergencia Agropecuaria. La normativa fija además un plazo para la presentación de declaraciones juradas que se extiende hasta el 29 de enero, con la posibilidad de ser prorrogado si así lo dispone el Ministerio de Desarrollo Productivo.

El alivio previsto se traduce en beneficios fiscales y administrativos. Para los productores con certificado de Emergencia se contempla la prórroga de los vencimientos de las cuotas del Impuesto Inmobiliario, mientras que para quienes estén en situación de Desastre se establece la condonación de las cuotas correspondientes a 2025 y la primera de 2026.

El paquete incluye también mecanismos para corregir pagos ya realizados. En los casos en que productores con certificado de Desastre hubieran abonado cuotas que debían ser condonadas, la Administración Provincial de Impuestos podrá emitir certificados de crédito fiscal o instrumentar devoluciones según la reglamentación vigente.

Como cierre del esquema, el decreto provincial dispone la suspensión por 180 días, contados desde el final del período declarado, del inicio y la continuidad de juicios y acciones administrativas vinculadas al cobro de impuestos, en los términos establecidos por la Ley Nº 11.297.

La prórroga se inscribe en un contexto en el que los lotes continúan mostrando suelos cuarteados y cultivos seriamente afectados por la escasez de agua. En ese escenario, la medida funciona como un puente para atravesar meses críticos, pero también como un indicador de la magnitud del problema, en un escenario donde el clima sigue condicionando con fuerza la continuidad productiva. 

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