La Argentina necesita incrementar su productividad agrícola y sostener tasas de crecimiento dinámicas para mantener y ganar lugar en los mercados globales. En ese escenario, la innovación en semillas aparece como un eslabón clave que permitiría sumar valor tecnológico a la producción de granos y reposicionar al país no solo como proveedor de materias primas, sino también como desarrollador de tecnologías propias. 

En el último informe de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Austral señala que el sistema legal que regula las nuevas semillas en Argentina"se caracteriza por tener una definición muy laxa de los derechos de propiedad, que no se ajusta a los estándares internacionales, y por un sistema de control que no hace cumplir adecuadamente los derechos de propiedad de los obtentores". 

Y agrega: "Esta conjunción de factores lleva a un sistema que carece de los incentivos necesarios para invertir en nuevas tecnologías en semillas y desalienta tanto la inversión privada interna como la externa". Mientras la Argentina sufre este estancamiento, el mercado global de semillas experimentó una transformación profunda. 

En este sentido, la innovación antes impulsada por organismos públicos y universidades, pasó a ser protagonizada por empresas privadas y marcada por una fuerte concentración y globalización. El desarrollo de la biotecnología aceleró esa tendencia y llevó a muchos países a modernizar sus marcos regulatorios, especialmente bajo las normas UPOV 78 y UPOV 91. 

¿Cual es la situación de la Argentina frente a sus competidores?

Una de las críticas habituales sobre la protección intelectual es que podría favorecer a grandes multinacionales y reducir la competencia. Sin embargo, el informe de la Universidad Austral muestra que la Argentina ya presenta un fuerte nivel de concentración en el mercado de semillas de soja incluso bajo UPOV 78, con un índice de concentración (CR4) que supera el 70% del mercado en manos de los cuatro principales proveedores. 

El contraste con países que aplican UPOV 91 es notable, ya que en Estados Unidos y la Unión Europea, donde rige este estándar más moderno, el CR4 se ubica en torno al 45-50%, lo que implica mayor cantidad de actores relevantes y una distribución menos concentrada del mercado. A su vez, la participación del principal oferente rara vez supera el 25% en esos países, mientras que en Argentina puede alcanzar valores cercanos al 40%. 

Otro dato relevante es la caída de la representatividad argentina en el total de títulos de propiedad de nuevas variedades vegetales, tanto a nivel global como regional. Mientras el mercado mundial se dirige hacia estándares modernos de protección, la Argentina pierde participación de inversores extranjeros y muestra una marcada inestabilidad en las solicitudes de protección, muy asociada a los vaivenes políticos y a la falta de reformas regulatorias.

Estados Unidos, que combina un régimen similar a la UPOV con la posibilidad de patentar eventos agrícolas, se convierte en el destino preferido de los no residentes, que buscan una protección específica y estricta. En el caso de Brasil, aun bajo UPOV 78, muestra un gran crecimiento de solicitudes de protección, tanto de residentes como de no residentes. En cambio, en la Argentina se observa una fuerte caída de la participación de no residentes y "vaivenes" en el número de solicitudes.

¿El marco regulatorio afecta a la producción?

En términos productivos, los últimos veinte años también ayudan a dimensionar lo que está en juego. De acuerdo a estudios realizados por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) muestran que para soja, desde fines de los años 1990 y durante las décadas siguientes los rindes por hectárea de Argentina y Brasil se acercaron gradualmente a los de Estados Unidos. Mientras en los años 60-70 la diferencia era de casi 50% más a favor de Estados Unidos, hacia fines del siglo XX y principios del XXI esa brecha se redujo. 

En el caso del maíz, las estimaciones recientes muestran que los rendimientos estadounidenses siguen siendo los más altos y estables de los tres países. Mientras que en Argentina los picos pueden superar los 7,8 t/ha (en campañas óptimas) y caer cerca de 5 t/ha en años adversos. Brasil emerge como competidor gracias a un crecimiento sostenido del área sembrada y rendimientos que lo acercan a Argentina, lo que le da la mayor tasa de crecimiento anual en producción de maíz en los últimos años. 

Un competidor público en un mercado dominado por privados 

En un mercado global cada vez más competitivo, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) aparece como un actor clave para la Argentina. Ya que gracias a su presencia a nivel nacional, se consolidó como el principal obtentor de variedades vegetales del país con inversión pública en mejoramiento genético. 

Según datos recopilados por la iniciativa Semillas y Propiedad Intelectual (ArgenBio), en base a información del INASE, el INTA tiene inscritas 745 variedades en el Registro Nacional de Cultivares y alrededor de 1.000 variedades de plantas inscriptas en total, abarcando unas cien especies diferentes. 

De ese universo, 280 variedades cuentan con derechos de obtentor vigentes, es decir, están protegidas en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares. En la práctica, es el equivalente a decir que el organismo público ha "patentado" centenares de semillas frente a un régimen que, paradójicamente, ofrece pocos incentivos para hacerlo.

La actividad del INTA no se agota en las variedades vegetales, ya que la institución tiene un rol sumamente importante en biotecnología y patentes de invención. De modo que cuenta con más de 60 patentes vigentes, que incluyen desarrollos en bioinsumos, biotecnología agrícola, salud animal, dispositivos de laboratorio y maquinaria agropecuaria. 

Parte de estos desarrollos se apoyan directamente en la mejora genética de cultivos y en herramientas de diagnóstico y control de enfermedades que afectan a granos y economías regionales. En este sentido, lejos de ser un mercado en el que solo participan privados multinacionales, la Argentina cuenta con una organismo estatal capaz de generar variedades competitivas que disputan superficie y mercado a semillas privadas en cultivos como arroz, trigo, forestales o pasturas. 

Con un régimen más previsible y alineado con las normas internacionales no solo ordenaría la relación con las grandes empresas semilleras, sino que también podría reforzar la posición del propio INTA y de otros desarrolladores nacionales ampliando la competencia y diversificando la oferta tecnológica. De esta manera no se limitaría la capacidad de estos organismos para capitalizar económicamente esos desarrollos y reinvertir en nuevos programas de mejoramiento. 

El que define las reglas de juego, el marco legal

En el plano legal, el contraste con Estados Unidos es contundente, ya que allí el marco regulatorio evoluciona desde la década de 1960, impulsado por cambios legislativos, fallos de la Corte Suprema y adhesión a tratados internacionales. Mientras que en la Argentina continúa rigiendo una ley de semillas de 1973 y solo adoptó UPOV 78 en los años noventa, sin avanzar hacia UPOV 91. 

De acuerdo con el informe de la Universidad Austral: "El sistema en Argentina parece estar sumido en un statu quo ineficiente, que no favorece la innovación ni el desarrollo tecnológico en la agricultura, pero no parece existir mecanismo que proponga maneras de movilizar cambios hacia un sistema mejor. Simplemente, el empantanamiento legal y burocrático parece ser la única constante en esta discusión".

En paralelo a la discusión técnica sobre propiedad intelectual, el Consejo de Mayo, en su documento Recomendaciones y Propuestas Legislativas presentado el día de ayer, incluyó de manera explícita la modernización de la Ley de Semillas dentro del capítulo dedicado a fortalecer el derecho de propiedad. Allí sostiene que el régimen actual presenta vacíos regulatorios que "debilitan los incentivos a la innovación y generan distorsiones competitivas", y propone avanzar hacia un marco alineado a estándares internacionales para garantizar certeza jurídica a obtentores e inversores. 

 El Consejo sostiene que dentro de los próximos pasos se debe actualizar "estándares de protección de obtenciones vegetales (nuevas variedades) con derechos del obtentor más extensos y claros, estimulando innovación en semillas y acceso a mercados agrobiotecnológicos". Y agrega: "Este entramado institucional pondría a Argentina en una plataforma equiparable a las de otros países y abriría la llave para una integración comercial plena". 

La recomendación se enmarca así en el mismo diagnóstico que advierte el informe de la Universidad Austral, en el que sin una ley moderna y eficaz, la Argentina continuará rezagada frente a países que ya consolidaron sistemas robustos de protección para sus innovadores. A pesar de que el país tenga el potencial para liderar en innovación agrícola, siendo la participación del INTA como principal obtentor público de variedades vegetales el más claro ejemplo en el país.