Ventana abierta en Santiago del Estero: cómo aplicar herbicidas hormonales sin generar riesgos
Con vigencia hasta el 30 de septiembre, especialistas advierten que la clave no es sólo cuándo aplicar, sino cómo hacerlo para reducir riesgos, mejorar la eficacia y asegurar la convivencia productiva
En Santiago del Estero ya está en marcha la ventana habilitada para la aplicación de herbicidas hormonales, un período que se extiende desde el 1 de marzo hasta el 30 de septiembre según la normativa provincial vigente. En ese marco, la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (CASAFE) remarcó que el eje no pasa solo por la autorización del uso, sino por la forma en que se realizan las aplicaciones en un territorio donde conviven distintos sistemas productivos, cultivos y comunidades.
La entidad advirtió que la correcta aplicación de estos productos resulta central para garantizar la convivencia productiva, proteger el ambiente y cuidar la salud de las personas. En otras palabras, el desafío no se limita al control de malezas, sino también a asegurar intervenciones técnicamente precisas y socialmente responsables.
En este sentido, la coordinadora técnica de CASAFE, Ximena Rojo Brizuela, destacó: "Los herbicidas hormonales constituyen herramientas fundamentales para el manejo de malezas cuando su utilización se realiza bajo Buenas Prácticas de Aplicación de Hormonales (BPAH)". Y agregó: "La precisión técnica y el profesionalismo en cada intervención son fundamentales para minimizar riesgos y asegurar resultados eficaces".
Notificación obligatoria y trazabilidad
Uno de los puntos centrales del esquema provincial es la obligación de notificar previamente cada intervención. La legislación establece que toda persona que realice aplicaciones de estos insumos debe completar los formularios oficiales correspondientes. Para CASAFE, este procedimiento fortalece la trazabilidad, promueve el cumplimiento normativo y consolida una articulación público-privada que aporta más transparencia al sistema productivo.
Ese punto adquiere especial relevancia en una provincia donde la producción agropecuaria comparte espacio con otras actividades, zonas pobladas y distintos tipos de cultivos. En ese escenario, la anticipación y la comunicación aparecen como herramientas tan importantes como la tecnología de aplicación.
Tecnología, ambiente y decisiones en el lote
También se puso atención en que la aplicación responsable implica combinar planificación, criterio técnico y equipamiento adecuado. La correcta selección del equipo y el uso de gotas gruesas figuran entre las decisiones que ayudan a reducir la deriva y, al mismo tiempo, a mejorar la eficacia del producto sobre el blanco buscado.
A eso se suma el respeto por los volúmenes indicados en la etiqueta, una variable clave para lograr una cobertura uniforme del cultivo. La recomendación apunta a evitar improvisaciones y a sostener un manejo ajustado a las condiciones de cada aplicación, con foco en la eficiencia y en la seguridad operativa.
Las condiciones ambientales, además, ocupan un lugar decisivo. La temperatura, la humedad y la velocidad del viento inciden directamente en la capacidad de las gotas para alcanzar el objetivo sin evaporarse ni desplazarse fuera del área prevista. Por eso, desde la entidad se recomienda trabajar con Delta T de entre 2 y 5, con velocidades de viento superiores a 3 km/h e inferiores a 15 km/h, y evitando situaciones de inversión térmica.
Otro aspecto clave es la dirección del viento, que debe ser contraria a cultivos sensibles, cuerpos de agua o áreas residenciales. Esa evaluación previa, que muchas veces define el éxito o el fracaso de una intervención, es parte de una lógica de aplicación profesional que busca minimizar impactos no deseados y sostener buenas condiciones de convivencia en los territorios productivos.
La apertura de la ventana de aplicación en Santiago del Estero vuelve a poner sobre la mesa una discusión clave para el agro argentino. La posibilidad de utilizar herbicidas hormonales está acompañada por la exigencia de aplicar con respaldo técnico, cumplir la normativa y priorizar prácticas que protejan la producción, el ambiente y a las personas.
