Preocupación de la Sociedad Rural frente al presupuesto de Kicillof

El gobernador bonaerense Axel Kicillof presentó ante la Legislatura provincial el proyecto de Presupuesto 2026, junto con la Ley Impositiva y la Ley de Financiamiento. El mandatario enmarcó la discusión en la fuerte tensión con el Gobierno nacional, al que acusa de haber recortado de manera "ilegal" transferencias por alrededor de 13 billones de pesos que la Provincia destinaba a educación, salud, seguridad y jubilaciones. 

De acuerdo con la administración bonaerense las políticas de ajuste del actual Gobierno nacional generaron una caída de la recaudación y un deterioro generalizado de la actividad económica. En su discurso Kicillof sostuvo que: "En un marco de emergencia económica y de crisis en el tejido productivo como consecuencia de las políticas del Gobierno nacional, necesitamos que la Legislatura nos brinde las herramientas necesarias para seguir trabajando por el bienestar de los y las bonaerenses".

En ese marco, el oficialismo provincial busca que la Legislatura apruebe un paquete integral: el Presupuesto 2026, que define el nivel de gasto e inversión; la Ley Impositiva, que fija la carga tributaria sobre actividades y patrimonios; y la Ley de Financiamiento, que habilita nuevo endeudamiento para afrontar vencimientos y sostener la obra pública. La consigna política que repite el gobernador es clara: "allí donde el Gobierno nacional abandona, el Gobierno provincial y los intendentes damos la cara todos los días".

La preocupación de la SRA 

En un comunicado de prensa la Sociedad Rural Argentina (SRA) manifestó su preocupación ante el proyecto de Ley Fiscal y llama a los legisladores provinciales a definir "con precisión todas las condiciones vinculadas al Impuesto Inmobiliario Rural". Ya que el proyecto plantea como lineamiento "reconocer el esfuerzo de los sectores productivos y no incrementar la carga tributaria", al tiempo que intenta corregir distorsiones derivadas de la no aprobación de la Ley Impositiva 2024 en un contexto de alta inflación. 

Para la entidad el texto enviado a la Legislatura encierra riesgos significativos para el campo, ya que sostienen que el proyecto traslada facultades centrales al Poder Ejecutivo provincial, generando "un marco de incertidumbre" que atenta contra la previsibilidad que requieren los productores. En particular, cuestiona el artículo 133, que habilita al Ejecutivo a "intervenir en las evaluaciones sin criterios consensuados ni una hoja de ruta acordada para el revalúo, que incluya espacios de consulta con las instituciones locales y con la comunidad productiva". 

Además, en el comunicado resaltaron el artículo 167 que permitiría modificar las cuotas no vencidas dentro del mismo ejercicio fiscal, ya que según la SRA afectaría la capacidad de planificación del sector, especialmente en un contexto de alta volatilidad de precios y costos. 

Por último, remarcaron que este debate se da mientras miles de hectáreas en la provincia continúan bajo agua, con campos declarados en emergencia y desastre agropecuario. Y recuerda que los productores ya vienen soportando una presión elevada asociada a la Ley Fiscal de diciembre de 2023, prorrogada luego con adicionales extraordinarios y advierte que la combinación de clima adverso, recesión y mayor incertidumbre tributaria pone en jaque la capacidad de seguir invirtiendo. 

¿Qué se destinará al sector agropecuario? 

El mensaje elevado a la Legislatura reconoce que, si se excluye el desempeño del sector agropecuario, la actividad económica de la Provincia muestra una caída cercana al 6% al comparar 2025 con 2023. En cambio, el agro registra una variación positiva del 21,8% en ese mismo período, convirtiéndose en el único sector que evita un derrumbe mayor de las cuentas provinciales. 

Por esa razón, el proyecto de Presupuesto 2026 refuerza el foco en las políticas productivas, y dentro de la inversión total de $3,2 billones en toda la Provincia se destinarían $60.000 millones específicos para políticas de desarrollo productivo, con un rol clave de los Ministerios de Desarrollo Agrario, Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Trabajo y la Comisión de Investigaciones Científicas. Este paquete se complementará con la política crediticia y las promociones del Banco Provincia, orientadas a sostener consumo e inversión en el territorio bonaerense. 

El detalle del Ministerio de Desarrollo Agrario (MDA) muestra que dentro de este monto se tendrían asignados casi 45.900 millones de pesos entre gastos corrientes y de capital, de los cuales unos 15.847 millones corresponden exclusivamente a inversión (Gastos de Capital). Dentro de este rubro, sobresalen las Transferencias de Capital, que rondan los 14.987 millones de pesos, es decir, fondos que se canalizarían hacia proyectos concretos, programas de desarrollo productivo y asistencia a organismos descentralizados y municipios con fuerte matriz rural. 

El Gobierno provincial argumenta que esta estructura de gasto apunta a fortalecer la infraestructura rural y la capacidad productiva del campo, con el objetivo de preservar el único sector que hoy sostiene la recaudación y el empleo en amplias regiones bonaerenses. En paralelo, la Ley de Financiamiento busca autorización para tomar nueva deuda principalmente destinada a infraestructura, resaltando que la Provincia ya reestructuró sus pasivos externos y pretende mantenerlos en niveles "sostenibles". 

La discusión del Presupuesto 2026, la Ley Fiscal y la Ley de Financiamiento condensa el enfrentamiento político entre la Provincia de Buenos Aires y el Gobierno nacional, al mismo tiempo que redefine la relación entre el Estado provincial y su principal motor económico. Todo ello en medio de un contexto climático adverso, al que aún no se le ha podido dar solución.