En la puja financiera entre Nación y Buenos Aires, crece el malestar del sector agropecuario

El tablero financiero y político que rodea al campo bonaerense se recalentó en pocos días cuando el Senado provincial convirtió en ley el Presupuesto 2026 y la Ley Fiscal Impositiva, al tiempo que avanza un fuerte endeudamiento y crecen los reclamos por fondos que Nación no gira a las provincias. En paralelo, el Gobierno nacional vuelve al mercado de deuda con un bono en dólares a cuatro años, buscando alivio para enfrentar próximos vencimientos. 

Según informó el Senado bonaerense, el Presupuesto 2026 proyecta una "inversión de más de 43 billones de pesos" y la creación de un Fondo de Recupero de Deudas del Estado Nacional, con el que la Provincia busca reclamar recursos adeudados por la Casa Rosada. 

Dentro de ese esquema, el gobierno bonaerense destaca partidas para obras de vialidad en rutas y caminos rurales, pavimentación de caminos productivos, planes hídricos, plantas potabilizadoras y obras de saneamiento, entre otras intervenciones claves para el interior productivo. Y subrayan que el presupuesto pretende "acompañar a los sectores productivos" y fortalecer la inversión de capital en los 135 municipios. 

Desde CARBAP emitieron un duro comunicado en el que expresaron su "firme repudio" al endeudamiento aprobado "a la madrugada y a espaldas de la sociedad", acompañado por la ampliación del directorio del Banco Provincia (BAPRO) y la creación de nuevos cargos políticos. La entidad cuestionó la responsabilidad compartida de oficialismo y sectores de la oposición que avalaron un endeudamiento cercano a los USD 3.700 millones sin un plan claro ni orientado.

Para la confederación rural, el contraste es brutal: en una provincia con rutas destruidas, falta de obras hídricas, escuelas y hospitales en emergencia y servicios públicos colapsados, resulta "inadmisible que los acuerdos legislativos hayan priorizado acomodar nombres antes que resolver problemas estructurales". Y agregan: "endeudar a la Provincia solo es sostenible cuando esos recursos se destinan a obras estratégicas, infraestructura y desarrollos que perduren en el tiempo, fácilmente auditables, pero nunca para gastos corrientes ni para ampliar estructuras políticas que no aportan al futuro de la provincia ni a la calidad de vida de su gente". 

El clima empeora a nivel país, cuando las provincias reclaman que el Gobierno nacional distribuya más de $728.000 millones correspondientes a Aportes del Tesoro Nacional (ATN) que quedaron sin ejecutar, lo que alimenta la tensión entre la Casa Rosada y los gobernadores. Se trata de fondos discrecionales que históricamente sirvieron para atender desequilibrios fiscales y emergencias, y cuya retención hoy agrava los problemas de caja en los distritos. 

En ese contexto de reclamos por recursos retenidos, el Ministerio de Economía Luis Caputo decidió volver a los mercados de deuda. Y anunció la licitación de un Bono del Tesoro en dólares, el BONAR 2029N, con cupón anual de 6,5% bajo ley local y vencimiento el 30 de noviembre de 2029. Con lo recaudado, el Gobierno nacional busca pagar "una parte" del vencimiento de deuda del 9 de enero, cercano a los USD 4.300 millones, sin que caigan las reservas del Banco Central, y al mismo tiempo seguir reduciendo el riesgo país y las tasas de interés en la economía. 

Mientras Nación retiene ATN y se financia en dólares para afrontar sus propios vencimientos, las provincias -y entre ellas Buenos Aires- deben cerrar sus cuentas con más deuda y un margen acotado para la inversión productiva. En el caso bonaerense, el combo de Presupuesto 2026, ley impositiva y endeudamiento aprobado en medio de fuertes críticas rurales deja la sensación de que el peso del ajuste y de las decisiones de la política terminará trasladándose al interior productivo. 

Desde la política provincial, el mensaje oficial insiste en que el nuevo esquema fiscal e impositivo ubica a Buenos Aires entre las jurisdicciones con menor presión sobre el impuesto automotor y mejora la equidad tributaria. Sin embargo, en los caminos rurales, en los pueblos y en las zonas productivas, lo que importa no es sólo cuánto se recauda, sino cómo se gasta, qué obras se hacen y cuánta certeza hay sobre la disponibilidad de fondos nacionales hoy trabados en la puja Nación-provincias. 

En medio de la disputa entre Nación y provincia, el campo advierte que la política continúa enfrascada en disputas de cargos y equilibrios fiscales sin un rumbo claro para fortalecer la infraestructura y la competitividad del interior. Si los nuevos recursos no se traducen en obras concretas, la percepción será la misma: se multiplica la deuda, pero no las respuestas que necesita el corazón productivo del país.