Reclaman cambios en el Régimen de Incentivo para impulsar inversiones en todo el país

El Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) elevó una propuesta formal a los jefes de bloque del Senado de la Nación para modificar el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), incluido en el Proyecto de Ley de Modernización Laboral. El planteo apunta a corregir limitaciones del esquema actual que, según la entidad, dejarían fuera a un número significativo de inversiones agropecuarias y agroindustriales. 

El CAA, que nuclea a cámaras y cadenas responsables del 58% de las exportaciones argentinas, advirtió que la redacción vigente del RIMI restringe el acceso a los beneficios del régimen y afecta de manera directa a actividades productivas estratégicas para las economías regionales y la generación de empleo a nivel federal. 

Entre los sectores que quedarían excluidos se encuentran: bodegas, plantas de procesamiento de alimentos y bebidas, establecimientos de tratamiento y acondicionamiento de semillas, frutas y legumbres, molinos y fábricas de molienda de girasol, así como la industria de maquinaria agrícola. Para el CAA, se trata de actividades con fuerte impacto territorial que requieren marcos normativos que acompañen la inversión productiva. 

En el comunicado la entidad señaló que: "Actualmente, el RIGI ya excluye las inversiones agroindustriales, dejando fuera del marco legal al 18% del PBI y al 65% de las inversiones productivas anuales. Al limitar el RIMI exclusivamente a PYMEs, se repite este escenario de desprotección para la inversión mediana". 

La propuesta técnica del CAA se concentra en modificar los artículos 175 y 177 del proyecto de ley. En primer lugar, plantea eliminar la restricción que circunscribe el régimen únicamente a micro, pequeñas y medianas empresas del Tramo 2, permitiendo que cualquier empresa agropecuaria o agroindustrial pueda acceder si realiza inversiones productivas significativas. 

En segundo término, el Consejo propone crear una nueva categoría que incluya a empresas no categorizadas como PYMEs, estableciendo un piso de inversión mínima de 30 millones de dólares para poder acceder a los beneficios del régimen. De este modo, se busca captar inversiones de mayor escala sin desnaturalizar el objetivo de promover empleo y desarrollo productivo. 

Además, la entidad subrayó que estas modificaciones ya habían logrado consenso con el Poder Ejecutivo y formaron parte de proyectos legislativos presentados durante 2024. En ese marco, solicitó avanzar con sesiones informativas junto a cámaras empresariales de distintas provincias para construir una ley con verdadero alcance federal. 

El planteo del Consejo Agroindustrial Argentino pone en el centro del debate la necesidad de que los regímenes de incentivo acompañen la realidad productiva del país. En un contexto donde la agroindustria es la responsable en gran parte de las exportaciones y del entramado federal, la discusión sobre el RIMI se vuelve estratégica.