A casi 30 años de la Ley de Riesgos del Trabajo, el volumen de juicios vuelve a tensionar el sistema

En su último informe, la Fundación Mediterránea analizó el desempeño del sistema de riesgos del trabajo a casi tres décadas de la sanción de la Ley 24.557 y destacó avances significativos en materia de prevención, aunque advirtió sobre la persistencia de problemas estructurales vinculados a la litigiosidad laboral.

La Ley de Riesgos del Trabajo (LRT), sancionada en 1995, creó un seguro social de gestión privada, bajo la modalidad de seguro individual o autoseguro, con el objetivo central de incorporar incentivos a la prevención de los riesgos laborales y evitar subsidios cruzados entre empresas.

Resultados de la LRT

Según los analistas de la Fundación, desde la perspectiva de los empleadores uno de los principales impactos del sistema fue precisamente la previsibilidad de los costos. El precio promedio del seguro pasó del 1,5% del salario en los primeros años de funcionamiento a un máximo del 3,5% en 2016, luego descendió al 2,5% y actualmente vuelve a mostrar una tendencia ascendente. Más allá de estos vaivenes, los especialistas remarcan que se trata de un nivel de costos comparable al de otros países.

No obstante, los mayores logros del sistema se verifican en el plano de la prevención de los riesgos laborales. De acuerdo con el informe, desde la implementación de la LRT se observa una disminución inicialmente rápida y luego sostenida de la siniestralidad dentro de los establecimientos. A mediados de los años noventa se registraban 75 accidentes y enfermedades laborales cada 1.000 trabajadores, mientras que en la actualidad esa cifra se redujo a aproximadamente la mitad.

En contraposición, los siniestros ocurridos fuera del ámbito de la empresa, accidentes in itinere, también cubiertos por el sistema, muestran una tendencia creciente: pasaron de 7 a 18 casos por cada 1.000 trabajadores.

Las evidencias más contundentes en materia de prevención se observan en los siniestros más graves. En particular, la tasa de mortalidad laboral se redujo de 158 muertes por millón de trabajadores en 1997 a 34 en la actualidad. Según estimaciones de la Fundación, esta reducción equivale a haber evitado alrededor de 720 muertes por año.

Litigiosidad y costos del sistema

Pese a estos avances, los especialistas advierten que el sistema comenzó a verse tensionado con el tiempo por un crecimiento sostenido de la litigiosidad, uno de los problemas que la LRT buscó originalmente contener. El aumento de las demandas judiciales no estuvo asociado principalmente a accidentes graves, sino a reclamos por incapacidades de baja o mediana gravedad, como lumbalgias, várices o hipoacusias, con diferencias significativas entre las evaluaciones realizadas por las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) y los porcentajes reclamados en sede judicial.

Esta dinámica, explican los analistas, tuvo un impacto directo sobre los costos del sistema, reflejado en el aumento de las alícuotas que pagan las empresas. Frente a este escenario, en 2017 se introdujeron modificaciones orientadas a ordenar el régimen y frenar la judicialización, estableciendo instancias médicas previas obligatorias y promoviendo criterios de evaluación más uniformes. En los primeros años, estas medidas lograron una desaceleración en la cantidad de juicios y una mejora transitoria en la previsibilidad.

La pandemia reforzó este efecto de manera circunstancial, debido a la menor actividad económica y a las limitaciones en el funcionamiento del sistema judicial. Sin embargo, una vez normalizada la actividad, la litigiosidad volvió a incrementarse con fuerza, alcanzando en 2024 alrededor de 124.000 juicios anuales, un nivel similar al observado antes de la reforma de 2017.

Según el informe, actualmente el costo del flujo de juicios equivale aproximadamente al 1,2% de la masa salarial, lo que representa cerca del 47% de la alícuota total del sistema de riesgos del trabajo.

Para concluir, la Fundación Mediterránea sostiene que, si bien el sistema ha demostrado fortalezas claras en la reducción de la cantidad y gravedad de los siniestros laborales, sin un replanteo integral de los procedimientos judiciales y de los incentivos que hoy favorecen la judicialización, así como de la disparidad de metodologías para actualizar los créditos laborales, el régimen tenderá a recaer en situaciones de crisis.