FAA advierte que la desregulación de la vacunación pone en riesgo el sistema sanitario

La Federación Agraria Argentina (FAA) manifestó en un reciente comunicado su preocupación por los cambios en el sistema sanitario nacional, luego de que el Gobierno habilitara a los productores a elegir veterinarios privados para llevar adelante las campañas de vacunación contra la fiebre aftosa y la brucelosis. La medida, que comenzará a regir en 2027, modifica el esquema vigente desde hace décadas.

La nueva normativa, oficializada por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) mediante la Resolución 201/2026, permitirá que cada productor contrate directamente a un profesional acreditado para la compra, conservación y aplicación de las vacunas en su establecimiento. El objetivo del Gobierno es introducir mayor competencia, reducir costos y mejorar la eficiencia del sistema.

Sin embargo, desde FAA advirtieron que este cambio implica una transformación estructural de un modelo sanitario que ha sido clave para sostener el estatus sanitario argentino. Y señalaron que "la sanidad animal en la Argentina es un enorme capital construido con el esfuerzo de todos".

El sistema actual, basado en la articulación público-privada entre productores, entes sanitarios y el Estado, ha permitido durante décadas garantizar campañas de vacunación masivas y coordinadas en todo el territorio. Según la entidad, este esquema solidario fue fundamental para alcanzar estándares sanitarios reconocidos a nivel internacional.

En ese contexto, FAA cuestionó que la medida haya sido adoptada sin consulta previa al sector. En línea con otros actores del agro que también expresaron su preocupación frente a la decisión oficial, la entidad remarcó: "Preocupa que hoy se lo ponga en riesgo con una medida tomada de manera inconsulta".

Uno de los principales argumentos del Gobierno es que la desregulación permitirá bajar costos para los productores. No obstante, desde la entidad federada sostienen que ese objetivo es válido, pero no a cualquier precio, y afirmó: "Los productores queremos bajar costos, claro que sí. Pero ese no es el camino".

FAA insistió en que el problema no radica en el modelo sanitario en sí, sino en posibles desajustes dentro de algunos entes, que deberían haber sido corregidos mediante controles más estrictos por parte del Estado. En ese sentido, plantearon que ordenar los costos no implica desarticular un sistema que funciona.

Pérdida de control territorial

Desde FAA advirtieron que con el nuevo esquema el Senasa podría ver limitado su poder de contralor, lo que afectaría la respuesta ante emergencias sanitarias. Y alertaron: "En caso de una emergencia los entes ya no tendrán la misma capacidad de generar anillos y contenerla".

Además, destacaron que uno de los pilares del sistema vigente es el control efectivo de la aplicación de las vacunas, logrado a través de una estructura coordinada entre el sector público y privado. La fragmentación de ese esquema podría debilitar la trazabilidad y la cobertura sanitaria, especialmente en zonas marginales o de difícil acceso.

El debate ya comenzó a escalar dentro del sector ganadero, con posiciones divididas. Mientras algunos actores valoran la posibilidad de elegir y reducir costos, otros advierten que el cambio podría afectar un modelo que garantizó la sanidad del rodeo durante más de 30 años y permitió sostener mercados internacionales exigentes.

En un escenario global donde la sanidad y la trazabilidad son cada vez más determinantes para el comercio de carne, la entidad subrayó que cualquier modificación debe ser cuidadosamente evaluada para no comprometer la competitividad del país. El desafío no es desregular por desregular, sino mejorar lo que existe sin poner en riesgo sus logros.