Seguridad hídrica en jaque: El ISEA advierte que la reforma de glaciares es un "retroceso irreversible"
Inconstitucionalidad, pérdida de soberanía científica y peligro para el consumo y el agro: las claves por las que científicos de la UNC solicitan el rechazo total a la reforma de la Ley de Glaciares que impulsa el Ejecutivo
La reforma de la Ley de Presupuestos Mínimos de Glaciares y Ambientes Periglaciares ha generado una fuerte reacción en el ámbito científico y académico. Durante las audiencias públicas en la Cámara de Diputados, el Instituto Superior de Estudios Ambientales (ISEA) de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) presentó una declaración donde detalla las inconsistencias técnicas y los riesgos jurídicos de la iniciativa oficial, calificándola como un "grave retroceso" en la protección ambiental.
El fin del "piso de protección" federal
Uno de los puntos más críticos señalados por los expertos es la fragmentación del régimen de protección, al permitir que cada provincia determine qué cuerpos de hielo proteger y cuáles no. En esta línea, el ISEA explica que, al ser los glaciares sistemas "socio-hidrológicos" que exceden los límites políticos, su gestión debe darse de forma integrada.
Asimismo, desde el Instituto advierten que el proyecto rompe con el artículo 41 de la Constitución Nacional, que más allá de garantizar el derecho a un ambiente sano, exige presupuestos mínimos uniformes para todo el país "como un piso de tutela uniforme e inderogable".
¿Aporte hídrico "relevante"? La ambigüedad como riesgo
La normativa vigente desde 2010 prohíbe la minería y la explotación de hidrocarburos en zonas de glaciares, entendidos como "tanques de agua" naturales esenciales para el consumo humano, la agricultura y la generación de energía. Sin embargo, el nuevo texto introduce la condición de que solo se protejan aquellos hielos con un aporte hídrico "relevante" o una "función hídrica efectiva".
Según el ISEA, este proyecto no solo pone en peligro a las reservas estratégicas de agua para el presente y el futuro del país, sino que "desconoce el impacto en el cambio climático", ignorando que estos cuerpos de hielo funcionan como reguladores térmicos esenciales.
Priorización del RIGI y tensiones económicas
El informe señala que el motor de la reforma es el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), buscando habilitar la minería en áreas hoy protegidas. Los expertos advierten que esto no solo pone en riesgo los ecosistemas, sino que vulnera la Ley 27.520 de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, que obliga al Estado a proteger los sistemas glaciares. Esta colisión normativa generará, paradójicamente, una litigiosidad permanente, afectando la seguridad jurídica de la ley.
Debilitamiento del IANIGLA
Finalmente, preocupa la pérdida de autonomía técnica del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA-CONICET). Con la modificación, el organismo dejaría de ser la autoridad científica encargada de definir y monitorear los glaciares, para convertirse en un ente meramente administrativo de registración.