reforma ambiental

Diputados aprobó la reforma de la Ley de Glaciares tras un extenso y tenso debate

La iniciativa impulsada por el Gobierno obtuvo 137 votos a favor y generó fuerte rechazo de la oposición y organizaciones ambientalistas.

9 de Abril de 2026

 En una sesión maratónica que se extendió por más de 11 horas, la Cámara de Diputados aprobó en la madrugada de este jueves la reforma de la Ley de Glaciares, con 137 votos a favor, 111 en contra y 3 abstenciones. El proyecto, promovido por el oficialismo junto a gobernadores de provincias cordilleranas, introduce cambios clave en el esquema de protección ambiental y en el rol de las provincias sobre sus recursos naturales. La votación se realizó cerca de las 2.30, con presencia en los palcos de Karina Milei, en una jornada atravesada por fuertes cruces políticos tanto dentro como fuera del Congreso.

Apoyos y rechazos

El oficialismo de La Libertad Avanza consiguió el respaldo de bloques aliados como el PRO, la UCR, espacios provinciales y legisladores de distintos interbloques. Del otro lado, el rechazo fue encabezado por Unión por la Patria, el Frente de Izquierda y sectores de la oposición dialoguista. Entre los votos en contra se destacaron dirigentes como Germán Martínez, Miguel Ángel Pichetto y Myriam Bregman, quienes cuestionaron la constitucionalidad y el impacto ambiental de la reforma.

Cambios centrales en la ley

El eje de la modificación apunta a redefinir el alcance de la protección de glaciares y ambientes periglaciales, otorgando mayor protagonismo a las provincias. A partir de ahora, serán las jurisdicciones locales las encargadas de determinar, con base en estudios técnicos, qué áreas cumplen funciones hídricas y deben ser protegidas. Además, se mantiene la prohibición de actividades como la minería en zonas protegidas, pero se introduce la posibilidad de que cada provincia evalúe, mediante estudios de impacto ambiental, si un proyecto afecta de manera relevante esos ecosistemas.

A partir de ahora, serán las jurisdicciones locales las encargadas de determinar, con base en estudios técnicos, qué áreas cumplen funciones hídricas y deben ser protegidas.

El nuevo esquema también redefine el rol del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales, que continuará a cargo del Inventario Nacional de Glaciares, aunque con mayor dependencia de la información generada por las provincias.

Debate y polémica

Durante el debate, el oficialismo defendió la reforma al sostener que no implica una reducción en la protección ambiental, sino que aporta "rigor técnico" y fortalece el federalismo. En esa línea, el diputado Nicolás Mayoraz afirmó que la ley "no afecta el paradigma de protección". Sin embargo, desde la oposición advirtieron que la norma representa un retroceso en materia ambiental. Legisladores como Maximiliano Ferraro calificaron el proyecto como "inconstitucional" y alertaron sobre posibles beneficios a la actividad minera en zonas sensibles.

Legisladores como Maximiliano Ferraro calificaron el proyecto como "inconstitucional" y alertaron sobre posibles beneficios a la actividad minera en zonas sensibles.

Protestas en las calles

En paralelo al debate parlamentario, organizaciones ambientalistas y agrupaciones políticas se movilizaron en las inmediaciones del Congreso para rechazar la iniciativa. Las protestas incluyeron momentos de tensión con las fuerzas de seguridad y se replicaron en otras provincias, como Mendoza. Distintas ONG ya anticiparon que recurrirán a la Justicia para frenar la aplicación de la norma, cuestionando tanto su contenido como el proceso de participación pública previo.

Distintas ONG ya anticiparon que recurrirán a la Justicia para frenar la aplicación de la norma, cuestionando tanto su contenido como el proceso de participación pública previo.

Un debate que seguirá

Con la sanción en Diputados, la reforma abre un nuevo escenario en la política ambiental argentina, donde el equilibrio entre desarrollo productivo, minería y preservación de recursos hídricos volverá a estar en el centro de la discusión pública y judicial en los próximos meses.