El Congreso Nacional se encamina a una semana de fuerte intensidad legislativa, con ambas cámaras activas y un temario cargado que combina urgencias fiscales, definiciones presupuestarias y reformas estructurales impulsadas por el Poder Ejecutivo. En el marco de las sesiones extraordinarias, Diputados abrirá el recinto mientras se avanza en comisiones con proyectos sensibles como el Presupuesto 2026, la Ley de Inocencia Fiscal y la denominada Modernización Laboral, iniciativas que también despiertan expectativa -y cautela- en el sector agropecuario.

El período extraordinario quedó formalmente inaugurado el 10 de diciembre, coincidiendo con el recambio legislativo. Sin embargo, los primeros días estuvieron prácticamente monopolizados por el ingreso y análisis preliminar del proyecto de reforma laboral, presentado el jueves 11. Recién ahora el oficialismo busca poner en marcha a pleno la maquinaria parlamentaria, tras una primera semana en la que no se activaron las comisiones como se preveía inicialmente.

Según los planes originales del Gobierno, Diputados debía comenzar rápidamente el tratamiento en comisión del Presupuesto 2026 y de la Ley de Inocencia Fiscal, con la intención de obtener dictámenes antes de mitad de mes y llevar los proyectos al recinto entre martes y miércoles. De ese modo, el Senado podría iniciar el debate apenas unos días después. No obstante, sobre la marcha surgió la decisión política de involucrar también a la Cámara alta en el tratamiento temprano de la reforma laboral, una estrategia que apunta a maximizar el uso del corto período legislativo de diciembre, pero que complica el armado del cronograma.

En este contexto, el agro observa con atención el avance de las reformas. El Presupuesto 2026 es una de las piezas centrales para el sector, ya que definirá el nivel de inversión en infraestructura rural, caminos, logística, sanidad animal y vegetal, y programas de apoyo productivo. Además, el esquema de recursos y gastos permitirá anticipar la presión fiscal futura y el margen que tendrá el Estado para sostener políticas vinculadas al desarrollo regional.

La Ley de Inocencia Fiscal, por su parte, genera expectativas en amplios segmentos del entramado productivo. De aprobarse, podría aliviar el clima de control y fiscalización sobre productores y pymes del interior, elevando los umbrales a partir de los cuales el fisco puede investigar el origen de fondos. Para el agro, donde aún persisten altos niveles de informalidad y economías mixtas entre lo registrado y lo no registrado, la norma podría incentivar la bancarización, facilitar operaciones comerciales y mejorar el acceso al crédito.

La reforma laboral es, quizás, la iniciativa que despierta mayor debate puertas adentro del campo. Desde la óptica de muchos productores y economías regionales, una mayor flexibilidad en la contratación, la reducción de litigiosidad y cambios en los esquemas indemnizatorios podrían traducirse en más empleo formal, especialmente en actividades intensivas en mano de obra como la cosecha, la fruticultura, la horticultura y la ganadería. Sin embargo, también existen interrogantes sobre el impacto social en zonas rurales y la reacción de los sindicatos, actores con fuerte presencia en algunas cadenas productivas.

Con mayorías propias aún insuficientes, el oficialismo necesita articular acuerdos para avanzar con este paquete de leyes. Aun así, apuesta a una semana de "super acción" legislativa que le permita cerrar el año con avances concretos. Mientras tanto, el agro sigue de cerca cada movimiento en el Congreso, consciente de que las decisiones que se tomen en estos días pueden tener efectos directos en costos, empleo y competitividad del sector durante 2026.