La discusión en torno a la posible creación de una tasa ambiental sobre las emisiones de metano volvió a tensar la relación entre el sector productivo y la política bonaerense. Tras conocerse el proyecto de ley D-1688/25-26-0, la Cámara Argentina de Feedlot (CAF) emitió un comunicado con un mensaje que sintetiza la preocupación del sector. Allí sostienen que se trata de un proyecto que "solo tiene por finalidad establecer una nueva tasa para la actividad ganadera por el simple hecho de que el ganado respire". 

Para la CAF, no se trata de un tributo con finalidad ambiental, sino de un mecanismo recaudatorio disfrazado, que afecta directamente a la producción y al tejido socioeconómico rural. Y una de las principales preocupaciones del sector es la simplificación extrema de un proceso biológico y productivo complejo, tratado como si fuese un factor impositivo aislado. 

A esta crítica se suma otro elemento central, que es la falta de sustento técnico del proyecto. La entidad advierte que es "de suma gravedad el desconocimiento real y la falta de sustento técnico de quienes impulsan este proyecto sin considerar conceptos como captura o balance y que solo afectará al empleo y agregado de valor" de quienes impulsan la iniciativa. 

Según sostienen, estas omisiones no sólo revelan una desconexión con la ciencia y la gestión ambiental, sino que podrían derivar en regulaciones que perjudiquen la competitividad y obstaculicen la adopción de prácticas sostenibles. En su visión, una política ambiental que ignora estos aspectos no mejora el ambiente, sino que empeora la actividad que sí tiene potencial para contribuir a él. 

Esta omisión no es menor, ya que formular políticas sin sustento científico puede generar perjuicios económicos, desalentar inversiones y obstaculizar la adopción de prácticas productivas más eficientes. La CAF destaca que decisiones basadas en diagnósticos incompletos o erróneos suelen derivar en cargas impositivas injustificadas que no resuelven problemas ambientales reales. 

Otro punto central del reclamo es el impacto económico y social que tendría la tasa. La actividad ganadera sostiene miles de empleos directos e indirectos, aporta valor agregado y estructura la vida de numerosas comunidades rurales. Cualquier incremento de la presión fiscal afecta la capacidad de los establecimientos para operar, planificar y sostenerse en el tiempo. 

La entidad remarca además que Buenos Aires es una de las provincias con mayor carga impositiva sobre la ganadería. En este contexto, una tasa adicional significaría un nuevo golpe para el sector. En este sentido CAF sostiene que: "No podemos dejar pasar desapercibido este intento de sumar más presión tributaria en una de las provincias que más castigan impositivamente a la ganadería". 

Esta propuesta legislativa, lejos de acompañar el proceso de recuperación del sector, aportando en la construcción de una ganadería más sostenible, termina penalizando a la actividad. En este contexto, lejos de ofrecer soluciones técnicas, incentivos ni líneas de trabajo que impulsen mejoras ambientales reales, la iniciativa propone sumar más carga impositiva justo en un momento de reactivación del sector. 

La posibilidad de aplicar una tasa asociada únicamente al acto de respirar abre un debate sobre el rumbo de la política ambiental en la provincia y la necesidad de construir marcos regulatorios que combine rigor técnico, coherencia y previsibilidad. Ya que la discusión no torna sobre el avance de políticas ambientales, sino cómo hacerlo.