La Cámara de Diputados de la Nación Argentina aprobó el pasado 19 de febrero la reforma de modernización laboral, un proyecto que el oficialismo presentó como un paso hacia la actualización del sistema de relaciones de trabajo y la promoción del empleo formal. La votación se dio en una sesión atravesada por fuertes cruces políticos y negociaciones de último momento para asegurar los respaldos necesarios.

El texto incorpora cambios en modalidades de contratación, simplificación de cargas administrativas y un capítulo específico vinculado al Régimen de Incentivo a Medianas Inversiones (RIMI), orientado a estimular proyectos productivos en distintos sectores de la economía.

  El respaldo del agro y foco en las inversiones  

Tras la aprobación, el Consejo Agroindustrial Argentino celebró la media sanción a través de redes sociales y subrayó su participación en la incorporación de aspectos clave dentro del capítulo de inversiones.

Desde la entidad destacaron que el régimen permitirá impulsar nuevos procesos de inversión en el agro, con especial énfasis en proyectos de riego y ganadería, además de facilitar mecanismos de cómputo de IVA para industrias como la avícola y la porcina. También señalaron que continuarán trabajando en la reglamentación para que los beneficios puedan implementarse de forma efectiva y alcancen a más empresas del sector.

En la misma línea, Coninagro expresó que avanzar hacia un marco normativo "moderno" resulta clave para promover el empleo formal, mejorar la competitividad y potenciar el desarrollo productivo en el campo argentino.

  Un debate con impacto económico y político  

El tratamiento en Diputados dejó en evidencia la centralidad del debate laboral dentro de la agenda económica. Mientras el oficialismo defendió la iniciativa como una herramienta para dinamizar el mercado de trabajo y atraer inversiones, sectores de la oposición cuestionaron el alcance de algunos cambios y reclamaron mayores garantías para los trabajadores.

Con la media sanción obtenida, el proyecto inicia ahora su recorrido en el Senado. En el plano productivo, especialmente en el agro, el foco estará puesto en la reglamentación del capítulo de inversiones, considerado por las entidades como uno de los principales motores para acelerar proyectos y mejorar la competitividad sectorial en el corto y mediano plazo.