El Gobierno de Francia anunció la suspensión de las importaciones de productos agrícolas tratados con cinco fungicidas y herbicidas cuyo uso está prohibido en la Unión Europea, una medida que tendrá un impacto directo sobre envíos de frutas y hortalizas provenientes de países sudamericanos. La decisión fue formalizada mediante un decreto publicado en el Diario Oficial, y tendrá una vigencia máxima de un año, mientras se evalúa la adopción de una normativa similar a nivel comunitario.

Según lo establecido en el decreto, la restricción alcanza a productos agrícolas que contengan residuos de mancozeb, tiofanato-metil, glufosinato, carbendazim y benomyl, sustancias prohibidas en la UE por razones sanitarias y ambientales, pero aún utilizadas en algunos países exportadores. Entre los productos más expuestos a la medida se encuentran paltas, mangos, guayabas, además de otras frutas y verduras frescas que ingresan regularmente al mercado francés.

La normativa exige a las empresas importadoras reforzar los controles para garantizar que los productos comercializados no contengan las sustancias prohibidas. Asimismo, prevé un plazo máximo de un mes para liquidar las existencias que se encuentren en stock al momento de la entrada en vigor del decreto, tras lo cual quedará vedada su comercialización.

Desde el gobierno francés señalaron que la decisión no está dirigida contra una región específica, sino que busca alinear las importaciones con los estándares ambientales y sanitarios exigidos a los productores europeos. La medida se inscribe en una política de "reciprocidad normativa", bajo el argumento de que los agricultores locales no deben competir con productos elaborados con insumos que ellos tienen prohibidos.

No obstante, la iniciativa generó preocupación entre exportadores sudamericanos, especialmente en países con fuerte presencia en el mercado europeo de frutas tropicales y subtropicales. Referentes del sector advirtieron que la suspensión podría provocar desvíos de comercio, sobrecostos en certificaciones y ajustes en los esquemas productivos, además de tensiones diplomáticas y comerciales.

El anuncio se da en un contexto de debate interno en la Unión Europea sobre el endurecimiento de las normas ambientales aplicadas al comercio internacional y en medio de negociaciones sensibles con el Mercosur. Francia ha sido uno de los países más críticos del acuerdo, al considerar que podría generar competencia desleal si no se garantizan condiciones equivalentes en materia sanitaria y ambiental.

Mientras el sector exportador analiza el impacto concreto de la medida y las alternativas para cumplir con los requisitos exigidos, la decisión francesa marca un precedente relevante que podría extenderse a otros países europeos y redefinir las condiciones de acceso al mercado para productos agrícolas provenientes de América del Sur.